18 Dic, 2013 | La semana pasada el Congreso de México aprobó la reforma de la Constitución para permitir la inversión privada en el negocio petrolero. Las sesiones finales consumieron más de 20 horas de debate en el Senado, y otro tanto en la Cámara de Diputados, incluido un agarre entre diputadas (aunque bastante inocuo, si evocamos la nariz coliflorada de María Corina) y una protesta a la manera de Ñemo Fuentes (aunque más recatada, pues el diputado mexicano conservó los calzoncillos).

Para perfeccionarse, la reforma energética requirió el voto favorable de la mayoría de los cuerpos legislativos de los estados mexicanos. Anteayer se alcanzó el número mágico cuando el Congreso del estado de San Luis Potosí se convirtió en la entidad número 17 que la avalaba.

Todo esto despierta en mí un par de reflexiones. Primera: la reforma energética mexicana es el equivalente de la apertura petrolera que se planteó en nuestro país hace 20 años. Hoy los mexicanos se preparan para recibir miles de millones de dólares en inversión extranjera y muy pronto duplicarán su producción. Imaginemos cuál habría sido nuestra situación, si los prejuicios ideológicos de la revolución y los intereses de clase de la boliburguesía no hubieran abortado la apertura petrolera.

Segunda: el procedimiento institucional que se aplicó para modificar la Constitución mexicana (aprobación por el congreso bicameral y ratificación por los cuerpos legislativos de los estados) es el mismo que establecía nuestra Constitución de 1961. Los manitos lo respetaron, pero nosotros no. En 1999 la Corte Suprema de Justicia legitimó la supraconstitucionalidad, principio según el cual la Constitución vale hasta que un caudillo tenga fuerza suficiente para doblegar las rodillas de los magistrados.

Desde entonces aquí todo se resuelve a la machimberra. Por eso los protectorados, la farsa de la Ley de Presupuesto, la nueva geometría del poder, la corrupción y la criminalidad desbocada. En Venezuela derrotamos al imperio... al imperio de la ley.