La resolución 8610 autoriza a los militares el porte y uso de armas de fuego, de ser necesarias y para contrarrestar manifestaciones públicas. / Foto: VANESSA RANGEL

1 Feb, 2015 | El gobernador de Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) "nunca más" va a atentar contra la integridad física de manifestantes.

Así respondió a una pregunta sobre la polémica resolución 8610 del Ministerio de la Defensa, que admite la posibilidad de que efectivos castrenses empleen armas de fuego "por la necesidad y proporcionalidad de los medios empleados para contrarrestarla (manifestaciones o reuniones públicas), sea necesario su porte y uso", tal como reza el numeral 9 del artículo 15 de la normativa.

Mata Figueroa, quien fungió como ministro de la Defensa de 2010 a 2012, rechazó que la actual FANB incurra en los desmanes de los gobiernos previos al chavismo.

"¡Cuánta gente no mataron en la cuarta república en la calle. Eso no lo vamos a hacer nosotros, más nunca en la vida y menos cumplir ese tipo de órdenes, eso no lo va a hacer la Fuerza Armada".

El mandatario regional atribuyó la controversia a la agenda política de factores de oposición. "Están aprovechando el momento político que estamos viviendo para irse por otro camino".

La autoridad regional recomendó leer bien la resolución 8610 y refirió a los Ministerios de la Defensa y de Interior y Justicia a aclarar dudas sobre el texto.

Dirigentes de la oposición y de organizaciones de derechos humanos han solicitado al Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de la mencionada resolución.

Mientras que el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, salió en defensa de la norma y acusó a los medios de descontextualizar su articulado.

Fiscalía

La fiscal general Luisa Ortega Díaz informó que convocó a un equipo de juristas para revisar el contenido de la resolución 8610 y luego de obtener las recomendaciones, emitirá una opinión. El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, afirmó que la norma claramente prohíbe a los funcionarios usar armas de fuego en manifestaciones.