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15 de agosto de 2018





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Constitucional se reúne para decidir sobre el desafío independentista catalán
Cataluña, con 7,5 millones de habitantes, es una de las llamadas "regiones históricas" españolas (junto con País Vasco, Andalucía y Galicia), lo que les otorga un alto nivel de autogobierno.
EFE

Foto: EFE

La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. / Foto: EFE

31 Jul, 2016 | Madrid. El Tribunal Constitucional español se reúne mañana para decidir qué medidas adopta ante el nuevo desafío independentista del Parlamento regional de Cataluña y para estudiar la solicitud del Gobierno central de abrir la vía penal contra la presidenta de esa Cámara, Carme Forcadell, por desobediencia.

El alto tribunal ha convocado para mañana un pleno extraordinario, tras el recurso presentado por el Gobierno central, en el que analizará la resolución aprobada por el Parlamento regional el pasado miércoles, que supone la apertura de una vía unilateral hacia la independencia.

Esta resolución soberanista fue aprobada el pasado miércoles por dos partidos independentistas catalanes, la coalición Junts pel Sí (Juntos por el sí) -formada por heterogéneas formaciones políticas- y el partido de izquierda radical CUP, mientras que el resto de grupos de la Cámara lo rechazaron.

El Gobierno de Madrid no solo pide que el TC declare nula la resolución y la deje sin efecto jurídico, solicita además medidas coercitivas contra sus impulsores, al entender que han desobedecido otra sentencia del alto tribunal de 2015, que anulaba una resolución anterior para poner en marcha la desconexión de Cataluña respecto a España.

En esa sentencia se pedía expresamente a la Mesa del Parlamento catalán que impidiera cualquier avance en ese camino, por eso, ahora, el Ejecutivo central quiere que el tribunal aplique medidas coercitivas.

La más contundente de las medidas solicitadas es la apertura de la vía penal contra la presidenta de la Cámara regional catalana, Carme Forcadell, por ordenar el debate que dio lugar a la resolución del miércoles, haciendo caso omiso a la advertencia del TC de que debía impedirlo.

El Gobierno plantea otras medidas contra los demás miembros de la Mesa del Parlamento catalán, el presidente regional, Carles Puigdemont, y resto de miembros de ese gobierno, para prohibirles convocar cualquier debate y votación que "directa o indirectamente" pretenda dar cumplimiento a la resolución de independencia.




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