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Ejecutivo solicita al TSJ pronunciamiento sobre Reforma de Ley de Explotación del Oro
El pasado 1º de agosto la Asamblea Nacional fue declarada en desacato por la Sala Electoral del máximo tribunal de la República, tras la juramentación e incorporación como diputados al Parlamento de Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana,
AVN

Foto: CORTESÍA

Maduro hizo solicitud a la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia. / Foto: CORTESÍA

19 Ago, 2016 | Caracas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitó este viernes a la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) evaluar el carácter constitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 2165 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro, así como las Conexas y Auxiliares a ésta.

Esta Ley fue aprobada el pasado 9 de agosto por la mayoría en la Asamblea Nacional (AN), presidida por Henry Ramos Allup, y que el pasado 1º de agosto fue declarada en desacato por la Sala Electoral del máximo tribunal de la República, debido a la realización del acto de juramentación e incorporación como diputados al Parlamento de Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, irrespetando la orden del TSJ del 30 de diciembre de 2015.

En ese momento, el TSJ ordenó de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación, que fue también desacata, por lo que posteriormente, el 11 de enero de 2016, emitió una orden de desincorporación de Ygarza, Guarulla y Guzamana, mientras se decide sobre los recursos para impugnar los resultados de los comicios parlamentarios del pasado 6 de diciembre en circuitos del estado Amazonas.

Ante este hecho, el Ejecutivo, en la solicitud, hizo referencia a la existencia de serias dudas de la validez y eficacia del acto de sanción de la referida ley por la AN, debido a que el acto del Parlamento, de insistir en incorporar a Ygarza, Guarulla y Guzamana como diputados constituye —de acuerdo con la decisión emitida el 1º de agosto por la Sala Electoral, dictada en ponencia conjunta— una violación flagrante del orden público constitucional, informa el TSJ en nota de prensa.




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