27 Sep, 2016 | Como si de un gran secreto se tratara, el Consejo Legislativo regional mantiene clandestino el proyecto de Ley de División Político-Territorial de Nueva Esparta. Lo busqué por aquí y por allá, hasta en la Gobernación, y todo el mundo se hacía el loco, como si no quisieran que nadie lo conociera. Vaya uno a saber por qué.

Con la reforma a la Ley de 1990 se aspira subsanar entuertos limítrofes entre los municipios insulares, utilizando moderna tecnología para la delimitación. Hasta aquí todo bien, lo que no estamos de acuerdo es con el vedetismo otorgado al Instituto Geográfico de Venezuela “Simón Bolívar” (IGVSB) para llevar adelante el proyecto.

Sabemos de la capacidad del IGVSB para el trabajo técnico, pero dudamos de su conocimiento de la margariteñidad. Por ejemplo, sabrá que La Plaza (Paraguachí) no es por los bancos para sentarse, sino por Juan Nepomuceno La Plaza. O que el verdadero apellido del guaiquerí Francisco Adrián, epónimo de la parroquia cuya cabecera es Los Millanes, es Adriano. Y que no es Boca de Río, ni Boca de Pozo, sino Boca del Río y Boca del Pozo.

Asuntos sin corregir quedaron de la vieja Ley y, por lo visto, los legisladores se conformaron con lo hecho por el IGVSB y con dar el calificativo de “Bolivariano” y el nombre completo del epónimo –con sus títulos militares- a los municipios, obviando que Manuel Plácido Maneiro fue coronel y que Gaspar Marcano era además abogado; en tanto que a José María García lo tratan unas veces de almirante y otras de capitán de fragata, y a Francisco Esteban Gómez de general de división o de general en jefe.