7 Abr, 2017 | Nunca he sido un institucionalista de punta en blanco: pues lo institucional siempre lo asemeje a los tiempos en que uno debía pararse a las 4 de la madrugada a hacer una cola para sacar la cédula de identidad o al tortuoso camino de obtener la licencia de manejar sin tener que pasar por las ambiciosas manos de un tipo llamado “gestor”, cuya sola mención sonaba a mafia. Así que fui por largos años un ciudadano con la cédula de identidad vencida y sin licencia para manejar. Sólo la llegada de Chávez al gobierno y el arranque de su proceso revolucionario, con el adecentamiento de estas instituciones, me hice un ciudadano conforme a las leyes.

Quizás por eso, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (una de esas instituciones que dejaron de servirle a la burguesía) sacó a relucir sus polémicas decisiones en torno al desacato de la Asamblea Nacional, me agradó la postura de los dos parlamentarios que se fueron al TSJ con intención de caerle a carajazos a los magistrados y que en el camino se consiguieron a los guardias nacionales y la emprendieron contra ellos. Todo lo contrario, al atildado y hombre de bien, Julio Borges, que se empartoló, llamó a la prensa y se hizo rodear de una decena de seguidores para mostrar su arrechera rompiendo la resolución, en copia fiel y exacta a lo que hizo el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, José Luis Betancourt, cuando rompió la Gaceta Oficial en la que había sido publicada la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. La repetición cantinflérica de la acción me hace seguir pensando que Borges es un agente del chavismo.

La decisión del TSJ y la declaración de la fiscal Luis Ortega Díaz le dieron vida a la oposición: tras 18 años denunciando una dictadura ¡por fin la tenían en cuerpo presente! Una dictadura con una Asamblea Nacional en manos de la oposición, con gobernadores y alcaldes opositores, con prensa libre, con manifestaciones en la calle, con parlamentarios cayéndole a carajazos a la Guardia Nacional. Cuando el TSJ anuló sus decisiones, la derecha no soltó a su dictador. Habían esperado demasiado para tenerlo, no lo podían perder. En el mundo se armó el jolgorio: hay dictador en Venezuela.

Una vez pasada la borrachera se volvió a la realidad: no hay dictador. Justo en ese momento, bajo el tormento de la premura, el señor Almagro de la OEA, se alió con varios países, amantes de la institucionalidad, tan amantes que se asumen dueños de ella, y con amor violan a la misma, y se pasan a Bolivia, a Haití, a las normas de la OEA y a la decencia por las mochilas; aplican la Carta Democrática contra Venezuela. Una de las vías fue quitarle la Presidencia del Consejo Permanente de la OEA a Bolivia, “por su identificación ideológica con Venezuela”. Vaya, resucitaron la inquisición. Le dieron un zarpazo a la estacionalidad desde el seno de la institucionalidad. Han impuesto una orden: ser de izquierda es malo.

Ahora, con la institucionalidad rota en la OEA, ¿cuál es el camino? En lo personal, considero justo que Venezuela mande al carajo a la OEA. Sin ella podemos vivir.