16 May, 2017 | Este gobierno viola constantemente la Constitución Nacional en lo atinente a la soberanía popular.

El caso de las gobernaciones y alcaldías ganadas por la oposición es francamente grotesco. A los gobernadores de Miranda, Lara y Amazonas no sólo les designaron funcionarios paralelos, sino que inhabilitaron ilegalmente a Capriles y a Guarulla. En relación con las alcaldías la situación es patética. En Caracas mantienen preso a Ledezma, en San Cristóbal también apresaron a Ceballos, en San Diego, Carabobo, a Vicenzo Scarano, en Aragua, apresaron al alcalde Delson Guarate del municipio Briceño Iragorri, en Maturín a Warner Jiménez, en Guasdualito, Apure, destituyeron ilegalmente a su Alcaldesa, Lumay Barreto, y ahora en Barquisimeto, pretenden destituir a su alcalde Alfredo Ramos. Es decir, lo que el gobierno no gana por elecciones democráticas, lo arrebata como Jalisco con la complicidad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, uno de las instituciones más oprobiosas de este régimen irrespetando de manera flagrante la voluntad popular.

Un gobierno con estas credenciales pretende ofrecer a los venezolanos un proceso “constituyente” que es una farsa, un trapo rojo para distraer la atención ante la grave crisis que vivimos, un descarado fraude a la normativa constitucional.

Este gobierno aparece acorralado y representa una minoría violenta y desesperada. Una minoría que pretende imponer a troche y moche, por la fuerza bruta, sus absurdas posiciones políticas. Tal pretensión profundizará la crisis por cuanto el gobierno es prisionero de su tendencia militarista y corrupta.

Las movilizaciones de calle, la represión cruel, injusta y desproporcionada de las fuerzas policiales y la Guardia Nacional, la participación de grupos paramilitares afectos al gobierno y la presión internacional representan una verdadera olla de presión ante la calamitosa situación nacional. Cerca de 40 fallecidos, en su inmensa mayoría jóvenes, centenares de heridos y detenidos son el lamentable saldo de estas heroicas jornadas de lucha por la recuperación democrática.

Ya ningún gobierno puede escudarse en la soberanía nacional ni en la autodeterminación de los pueblos para tratar de burlar la observación y el debate de sus ejecutorias en los organismos internacionales.

La aguda crisis que vivimos tiene una solución democrática. El pueblo debe decidir el destino del país. El pueblo debe decidir si quiere o no una Asamblea Constituyente. La Constitución de la República no requiere de diálogos para la concreción de su normativa. Ya está vencido el período de los gobernadores y diputados a los consejos legislativos y como tal debe convocarse las elecciones regionales y está por vencerse el periodo de los alcaldes y concejales y debe llamarse a las elecciones de alcaldes.

Es lo establecido en la Constitución y en la ley, es lo correcto, justo y constitucional. Lo demás, son maniobras y trampas caza bobos y ya nuestro pueblo no se traga esos cuentos.