Shakira formalizó de forma pública en 2011 su relación con el futbolista azulgrana Gerard Piqué. / Foto: ARCHIVO

22 Ene, 2018 | Barcelona (España). La Agencia Tributaria ha enviado a la Fiscalía una denuncia contra Shakira por presunto delito fiscal durante cuatro ejercicios, según confirman fuentes próximas a la acusación. La denuncia se remitió al final del año pasado, cuando la inspección decidió suspender sus trabajos y remitir la información a los fiscales. Ahora, la acusación pública debe decidir si coincide con el criterio de Hacienda y, en consecuencia, presenta querella.

Desde el entorno de Shakira se asegura que ésta siempre ha cumplido con sus obligaciones fiscales y está dispuesta a hacer frente a las “consecuencias económicas de las discrepancias técnicas que tiene con la inspección de Hacienda. Se trata de una diferencia de criterio, no de ocultamiento fiscal”, según la fuentes consultadas por este diario. La compañera del jugador barcelonista Gerard Piqué está asesorada por el despacho Price Waterhouse, informa nota del diario La Vanguardia.

El importe del caso, atendiendo a los cuantiosos ingresos de una artista de la reputación internacional de Shakira, es muy cuantioso, “de varias decenas de millones de euros”, según fuentes implicadas en la investigación.

Según fuentes como Forbes, Shakira ingresaba a comienzos de la década 25 millones anuales con sus giras mundiales, la cuarta en el ranking mundial.

El núcleo del contencioso entre la Agencia y Shakira se refiere a su residencia a efectos fiscales. Desde el 2011, cuando se formalizó públicamente su relación con el futbolista azulgrana Gerard Piqué, y hasta 2014, es decir cuatro años, la artista colombiana se ha mantenido como residente fiscal fuera de España. Desde 2015, sí que ha establecido su residencia en España a todos los efectos.

Caso

Durante los años sometidos a inspección, sostienen las mismas fuentes, Shakira no tuvo vivienda propia en Barcelona y hasta 2013 no tuvo el primer hijo con su pareja. La diferencia entre uno y otro caso es de gran relevancia económica. La ley establece que la consideración de residente fiscal implica que el contribuyente debe tributar en España.