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22 de julio de 2018





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La mar gestionada desde lo público
Actualmente se puede afirmar que es el mercado quien "dicta" las normas de la conducta productiva de la gran industria pesquera y el Estado es quien las legitima. ¿Y la ciudadanía y el sector de la pesca artesanal? En el contexto actual solo observan lo que pasa, muchas veces inconscientes de lo que realmente ocurre en este escenario nacional.
Manuel Acevedo Ramírez | manuelacevedoramirez@gmail.com

8 Jul, 2018 | Los recursos pesqueros no son de propiedad privada, son bienes comunes tangibles, es decir, pertenecen y responden al interés de toda la ciudadanía.

Este sentido de pertenencia común debería implicar un ejercicio de responsabilidad colectiva que evitara su depredación. Sin embargo, es el Estado el que define cómo gestionar y regular estos recursos comunes, para lo que cuentan con el apoyo del Ministerio de Pesca y Acuicultura, quien proporciona la información científica que le permite aplicar criterios de precaución y la capacidad de redactar normas que regulen la gestión de estos "los recursos pesqueros".

Su objetivo principal debería ser evitar la sobreexplotación, asegurar que las generaciones futuras dispongan al menos de las mismas posibilidades de pesca que las actuales y facilitar que las personas que se dedican a la pesca, quienes usufructúan estos recursos, obtengan un beneficio justo y necesario.

Sin embargo, estamos muy lejos de alcanzar estos objetivos y hay muchos factores que están detrás del fracaso de la gestión pública. En un modelo económico capitalista y competitivo es muy difícil controlar centenares de embarcaciones que operan sobre un área marina de enorme extensión, a lo que hay que añadir también otros factores poco controlables que influyen en la alteración de los ecosistemas marinos, tales como la contaminación o el cambio climático.

De esta forma, el Gobierno nacional, tal y como está actualmente configurado, ha dejado de ser el garante de la redistribución equitativa, sostenible y justa de los bienes públicos y comunes. Pues, se ha plegado cada vez más de forma abierta a los intereses del mercado y a los de las grandes industrias pesqueras y de la alimentación.

Actualmente se puede afirmar que es el mercado quien "dicta" las normas de la conducta productiva de la gran industria pesquera y el Estado es quien las legitima. ¿Y la ciudadanía y el sector de la pesca artesanal? En el contexto actual solo observan lo que pasa, muchas veces inconscientes de lo que realmente ocurre en este escenario nacional.

Por eso, no solo es una cuestión de capacidad de control y fondos públicos. Hay tanto desequilibrio social, económico y de poder en el escenario nacional venezolano, que mientras no integremos principios de equidad en el modelo de Estado y en el modelo productivo actual, todos los esfuerzos por parte del Gobierno nacional y del Ministerio de Pesca y Acuicultura serán en vano. ¡Se precisan nuevos enfoques para abordar esta situación!




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