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España rechaza entrega de Puigdemont por malversación
El expresidente de la Generalitat de Cataluña, que se encuentra en Alemania, reaccionó afirmando que revocar la prisión preventiva a los soberanistas presos "será la demostración de que la justicia española empieza a actuar como la europea".
Redacción | @elsoldmargarita

Foto: ARCHIVO

Puigdemont ha subrayado hoy que la retirada de las euroórdenes es la "demostración de la debilidad inmensa de la causa judicial". / Foto: ARCHIVO

19 Jul, 2018 | Berlín. El Tribunal Supremo español (TS) retiró hoy la euroorden contra el expresidente independentista catalán Carles Puigdemont al rechazar su entrega a España solo por el delito de malversación -y no por rebelión-, como había decidido la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (Alemania).

La orden europea de detención y entrega dictada por el juez español Pablo Llarena lo reclamaba también por un delito de rebelión en relación con el proceso independentista inconstitucional catalán de 2017, informó Deutsche Welle.

Esto significa que el exgobernante catalán, que permanece en Alemania en libertad provisional, no podría regresar a España, donde sería detenido automáticamente, hasta pasados al menos 20 años, tiempo que tarda en prescribir el delito de rebelión.

Puigdemont volverá a Bélgica la próxima semana, después de que la Justicia española retirara hoy la orden europea de arresto contra él y rechazara que Alemania lo entregue a España solo por un delito de malversación de caudales públicos. Su abogado belga Paul Bekaert, citado por la agencia Belga, confirmó hoy el traslado. También lo hizo el portavoz del partido de Puigdemont, Albert Batet. "Puigdemont se trasladará a Waterloo. No es hoy mismo, pero será en los próximos días", dijo en rueda de prensa.

Procedente de Finlandia, Puigdemont fue detenido el 25 de marzo pasado por la policía alemana cuando intentaba regresar en automóvil a Bélgica, país adonde huyó a últimos de octubre pasado para eludir la acción de la Justicia española.

El Ejecutivo español, amparado en la Constitución, destituyó a Puigdemont y a todos sus consejeros el 27 de octubre de 2017, después de que el Parlamento regional de entonces aprobase una declaración a favor de la independencia unilateral de Cataluña.




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