11 Sep, 2018 | Las políticas educativas del Estado se viabilizan, a través de los planes, programas y proyectos que los gobiernos democráticos han considerado de suma importancia en el contexto económico, social, tecnológico y cultural del país. Es así, como los dirigentes, de la educación en el país que conducen el proceso educativo de los niños, niñas y adolescentes venezolanos; asumen la responsabilidad de llevar a cabo la planeación educativa fundamentados en las leyes vigentes. Los planes de la nación declaran como objetivo lograr la justicia social basada en la inclusión, para disfrutar los derechos, disminuir las inequidades y priorizar necesidades sociales.

No obstante, las orientaciones y lineamientos de las autoridades educativas en nombrar en cargos directivos a "camaradas revolucionarios", que garantizan el modelo socialista revolucionario es siniestra para el cumplimiento en la práctica de los planes, programas y proyectos. Son los primeros en no entregar el Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC), en no realizar control y seguimiento a los proyectos de aprendizaje, en improvisar las actividades educativas de "última hora" y en solo enviar la evidencia fotográfica diaria, para así garantizar la doctrina partidista "patria o muerte venceremos".

Y por ende, lamentable, porque dicha situación logra sustituir en nuestra Constitución la valoración de las credenciales de profesionales de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica (Ar. 104) por camaradas revolucionarios "que garanticen la muerte de la educación" y se hostigue muchas veces, a profesores, docentes que no acepten las ideas revolucionarias y se nieguen a acompañar en reuniones políticas. La administración de la educación tiene un alto contenido partidista. Evidenciándose, que muchos de los dirigentes de la educación en el país, de la conducción de todo el proceso educativo de los adolescentes venezolanos, son corresponsables de la destrucción educativa.

Así las cosas, es muy difícil alcanzar el bien común como valor preeminente, donde los valores culturales, la interculturalidad, el deporte y recreación, ética del trabajo, participación ciudadana, corresponsabilidad educativa, actualización y tecnología, identidad nacional y respeto a corrientes de pensamiento, en las políticas emprendidas por el Estado en materia educativa.

Ahora bien, las líneas marcos de las políticas educativas emanadas desde el Ministerio de Educación son: La educación de calidad para todos y la escuela como espacio de equidad y corresponsabilidad. No obstante, para ello se requiere implementar cambios funcionales, para reconstruir y fortalecer la red escolar comunitaria, participativa, solidaria, accesible en principios de equidad que aseguren un desarrollo social sustentable, incremento del trabajo productivo, justicia social y la protección ambiental, pues se necesita poner en marcha procesos de cambio real.

La elaboración de un proyecto político contenido en nuestra Carta Magna se define a la educación como un derecho humano y como un servicio público (Art.102). Responsabilidad que es inherente al cargo que como docente, profesor, maestro tienen al dirigir a un grupo de maestros y estudiantes, tal como expresó Prieto Figueroa.

En síntesis, llama poderosamente la atención que muy a pesar de garantizar la educación de los derechos humanos, en teoría el sistema educativo bolivariano no ha logrado en la praxis educativa un plan nacional de Educación en Derechos Humanos (EDH) y mucho menos transformar la gestión educativa fundamentada en el enfoque de esos derechos para orientar la calidad educativa. ¿Será que en un intento de transformación institucional, ello supondría afectar poderosos intereses del ente rector en materia educativa?