23 Oct, 2018 | En la tarde del pasado 8 de octubre una deplorable noticia se conoció en el país. El concejal del municipio Libertador (Distrito Capital), Fernando Albán, había muerto en raras circunstancias en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebín) en Plaza Venezuela. Su cuerpo cayó desde un décimo piso; y según lo afirmado ese mismo día por el Fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, se habría lanzado por propia voluntad, es decir suicidado.

Albán, del partido Primero Justicia, fue detenido por el Sebin en el aeropuerto de Maiquetía el 5 de octubre, a su regreso de un viaje al exterior. De acuerdo con el Ministerio Público estaría presuntamente implicado en el atentando contra Nicolás Maduro del pasado 4 de agosto. Sus familiares conocieron de la aprehensión por un mensaje desde su celular.

Su fallecimiento causó un hondo impacto no solo en el mundo político, sino en toda la comunidad venezolana por lo inaudito de su tenor, pues nadie espera que un detenido del máximo organismo de inteligencia policial vaya a morir en tan extraño suceso. Así, prontamente no fue digerida la versión ofrecida por el representante del Ministerio Público; y familiares, amigos, dirigentes de organizaciones proselitistas, de la sociedad civil y de organizaciones de los Derechos Humanos, incluso hasta de gobiernos extranjeros, manifestaron sus dudas sobre el oficial suicidio.

Han ido más allá y han solicitado una averiguación independiente y exhaustiva sobre lo sucedido con Albán, por no creer en las explicaciones dadas desde la Fiscalía, sumándose conocedores del tema penal y de medicina legal, como Alberto Arteaga, para quien “exigir una investigación imparcial en el caso de una muerte en una cárcel es un derecho irrenunciable”, según manifestó en su cuenta Twitter @ArteagaSanchez.

Igualmente muchos medios y comunicadores, amparados en sus propias investigaciones, tampoco creen fielmente el relato del Ministerio Público; lo que no ha sido del agrado del gobierno, al punto de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) expresó en su cuenta Twitter @sntpvenezuela: “Sabemos de amenazas contra periodistas que han informado sobre la verdad detrás de la muerte del concejal Fernando Albán. Nos han informado sobre las intenciones de detener a quienes han publicado datos del suceso. Todo el gremio periodístico está en estado de alerta”.

Es bueno indicarle a los altos funcionarios del régimen y a los que desean que todo el mundo se muestre conforme con la versión del suicidio de Albán, bajo pena de ser detenido el que emita opinión en contrario, que en Estados Unidos, el 22 de noviembre de 1963 fue asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy, y aunque se culpó a Lee Harvey Oswald del crimen, señalando el parte gubernamental que actuó solo; múltiples libros, documentales, películas y millones de notas periodísticas hablan de todo un complot, en que Harvey solo fue una parte del engranaje; sin embargo, nadie ha ido preso por eso en los casi 55 años transcurridos desde el magnicidio.