El maltrato es un problema de Estado que requiere la participación de todos para su solución. / ILUSTRACIÓN IVÁN LIRA

19 Nov, 2018 | Con la finalidad de proteger al colectivo más vulnerable de la sociedad, la ONU crea el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para los Niños (Unicef), organismo de cuyos debates nace, el 20 de noviembre de 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por 191 países, demostrando la importancia que tiene el sector de los más inocentes para la humanidad.

Posterior a tan significativa iniciativa, en el 2000 se designó al 19 de noviembre como Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil, con la finalidad de divulgar la existencia e importancia del problema, y brindar respaldo en las estrategias de prevención individuales, colectivas y de gobierno.

De acuerdo con la OMS, el maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, incluyendo todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo, que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil.

Entre los tipos de mayor recurrencia están los abusos físicos, psicológicos, sexuales y la negligencia infantil. El abuso físico es todo acto donde se utiliza la fuerza física de modo inapropiado o excesivo; el abuso psicológico comprende todas las manifestaciones que afectan el desarrollo emocional de un niño; el trato negligente es la falta de supervisión y protección adecuada de los niños; y finalmente, el abuso sexual es el que implica forzar o seducir a un niño a participar en actividades sexuales.

VENEZUELA Y LOS DERECHOS DEL NIÑO
Nuestro país es signatario de la Convención de los Derechos del Niño y cuenta con una legislación bastante adelantada respecto a la protección de los mismos, representada por la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (Lopna), que entró en vigencia el primero de abril de 2000, y luego fue reformada en 2007, cambiando denominación a Lopnna.

En su artículo primero la Lopnna establece que su objeto es el de garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarles desde el momento de su concepción.

La ley además define qué se entiende por niño o niña y por adolescente. Los primeros son todas las personas con menos de 12 años y el segundo una persona con 12 o más años y menos de 18 años. Establece la Lopnna el principio del interés superior del menor, que significa que niños y adolescentes deben ser consultados y escuchada su voz y opinión en situaciones concretas en las que estén comprendidos.

La igualdad también está presente en la Lopnna, señalando que la ley se aplica por igual a todos los niños y adolescentes, sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, pensamiento, conciencia, religión, creencias, cultura, opinión política o de otra índole, posición económica, origen social, ético o nacional, discapacidad, enfermedad, nacimiento o cualquier otra condición del niño o adolescente, de sus padres, representantes o responsables, o de sus familiares.

EL TRINOMIO ESTADO, FAMILIA Y SOCIEDAD
Como principales responsables de velar por los niños y adolescentes, la Lopnna ubica al Estado y luego a la familia y a la sociedad. Así, el Estado tiene la obligación indeclinable de tomar las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole, que sean necesarias para que niños y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías.

En cuanto a la familia, el padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos. En tanto que la sociedad, debe y tiene derecho a participar activamente para lograr la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de todos los niños y adolescentes.

Como nota curiosa, la Lopnna solo tiene un artículo, el 93, donde se señalan los deberes de los niños y adolescentes, entre ellos honrar a la patria y a sus símbolos, respetar las leyes, respetar los derechos de las demás personas, honrar, respetar y obedecer a sus padres, representantes o responsables, siempre que sus órdenes no sean violatorias de sus derechos; ejercer y defender sus derechos; y cumplir sus obligaciones educativas.

“EL MALTRATO: UN PROBLEMA DE ESTADO”
Empero de lo progresista de nuestra normativa en materia de protección, la realidad social es distinta en cuanto a la asistencia a los menores y el abuso a niños y adolescentes. De ellos dan fe los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de cada municipio, que se encargan de asegurar la protección en casos de amenazas o violación de derechos y garantías de los menores.

Nieves Belisario, directora del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Maneiro, manifestó que en esa entidad se reciben diariamente 20 casos de maltrato infantil y que otorgan al mes entre 30 a 40 medidas de protección, que pueden incluir orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, separación de la persona maltratadora cuando sea del entorno del niño o adolescente, abrigo y colocación familiar o en entidad de atención.

Belisario refirió que el maltrato de niños y adolescentes es un problema de Estado, que requiere la participación de todos en su solución, en la concientización de que los niños son el sector más vulnerable de la sociedad; y que en la actualidad se están formando niños con deficiencias alimentarias y cognitivas, muchos abandonados por sus padres o representantes que se han ido del país, y con niños utilizados por la delincuencia para sus actividades.

NÚMEROS DE LA VIOLENCIA
En el mes de octubre de este año, las ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) y Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), presentaron el informe “Somos Noticia 2017”, dando a conocer que las cifras de abusos y muerte de niños y adolescentes alcanzan niveles aterradores en Venezuela.

El estudio documentó la cantidad de 10.499 casos sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes, calculados a partir de dos tipos de fuentes: las noticias publicadas en medios impresos (registradas por Cecodap) y los datos oficiales analizados por el OVV.
Tres mil 405 son referidos a incumplimiento de derechos colectivos y a la falta de políticas sociales básicas. Casos que van desde las muertes por desnutrición, o por insalubridad o falta de medicinas en los servicios sanitarios, niños intoxicados al comer basura, la imposibilidad de conseguir vacunas, casos de niños con enfermedades crónicas que no reciben tratamiento, entre otras incidencias que solo pueden ser calificadas como violencia.

Asimismo, 1.447 notas de prensa refieren niños heridos por armas de fuego, robos y extorsiones, secuestros, linchamientos, entre otros muchos casos en los que se testimonia una violencia que se muestra cotidiana y hasta se naturaliza, razón por la que no debe existir tolerancia frente al abuso; más aun cuando los datos indican que 1.134 niños y adolescentes murieron en 2017 por homicidio.

La ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) refirió el impacto en los niños de la migración hacia el exterior de sus padres. Su representante, Roberto Briceño, dijo que “algunos quedan en la calle y otros con familiares o allegados en situaciones precarias o incluso con poca autoridad para ellos”. De 614 casos de violencia familiar documentados, 81 (13,36%) corresponden a abandono de niños y 21 (3,42%) por no poder alimentarlos.