Lula Da Silva. / Foto: Xinhua

11 Jun, 2019 | Brasilia. El juez Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, informó hoy que la Segunda Sala de la corte juzgará el próximo 25 de junio un pedido de habeas corpus presentado por la defensa del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La defensa pide la recusación del ex juez Sergio Moro en el juicio por el cual el ex mandatario fue condenado a 12 años y un mes de prisión.

El argumento central de la defensa es la sospecha de parcialidad de Moro por el hecho de que aceptó en noviembre pasado la invitación al cargo de ministro de Justicia y Seguridad Pública del gobierno de Jair Bolsonaro, que asumió en enero pasado.

El pedido de habeas corpus fue presentado en 2018 y no trae en sus argumentos el intercambio de mensajes entre el entonces juez Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, coordinador del grupo de trabajo de la Operación Lava Jato (Lavadero), divulgados el pasado domingo por el sitio de internet "The Intercept Brasil".

El caso comenzó a ser juzgado por la Segunda Sala del STF en diciembre de 2018, cuando el relator Edson Fachin y la jueza Cármen Lúcia votaron en contra de la solicitud para liberar a Lula.

El juicio fue suspendido por un pedido de vistas de Gilmar Mendes, quien ahora devolvió el proceso al STF. Mendes evitó este martes comentar los mensajes publicados en el sitio "The Intercept Brasil", afirmando que es mejor "esperar a los acontecimientos para tener una idea segura de qué decir".

El magistrado no descartó, sin embargo, la hipótesis de que los diálogos entre Moro y los fiscales de la Lava Jato puedan eventualmente ser utilizados en los tribunales, incluso si fueron obtenidos ilegalmente.

"Si mañana alguien es condenado por asesinato y luego se descubre por pruebas ilegales que no es el autor del crimen, se dice que, en general, estas pruebas son válidas", dijo Mendes. Los abogados de Lula quieren que se reconozca la sospecha de falta de imparcialidad de Moro de juzgar casos contra el ex presidente y que se consideren nulos todos los actos procesales que dieron lugar a la condena.

En julio de 2017 Lula fue condenado por Moro a nueve años y seis meses de prisión por los delitos de corrupción pasiva y asociación ilícita. En enero de 2018 un tribunal de apelación aumentó la pena a 12 años y un mes en la acción penal donde se acusó a Lula de haber recibido un departamento a cambio de beneficios a una constructora en contratos con la petrolera estatal Petrobras. Finalmente, el 23 de abril de este año y tras un recurso de la defensa, el STJ redujo la pena de Lula a ocho años, 10 meses y 20 días de prisión.