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Verdades que quitan máscaras
Quienes están en esta situación harán todo lo posible porque sus empresas no se vean afectadas en forma vital, por las sanciones económicas establecidas por el gobierno estadounidense.
Luis Fuenmayor Toro

11 Mar, 2020 | Los líderes de varios partidos de oposición de la Asamblea Nacional guaidoísta, concretamente del llamado G4, son empresarios además de dirigentes políticos, razón por la cual deben atender a sus empresas para evitarles problemas, para mantenerlas e incluso hacerlas crecer o sacarle mayores beneficios. Esta condición les permite una vida más que holgada, sin las limitaciones financieras del resto de los venezolanos, lo que les da libertades que otros no tienen, como la de viajar a cualquier parte del mundo a descansar y divertirse. Nada de esto sería criticable si sus negocios son limpios y si los mismos no son determinantes de sus posiciones políticas.
Quienes están en esta situación harán todo lo posible porque sus empresas no se vean afectadas en forma vital, por las sanciones económicas establecidas por el gobierno estadounidense. Es lógico y muy humano pensar que para ellos sería terrible que sus cuentas en el extranjero fueran intervenidas y se las limitara en sus actividades. Siguiendo este hilo de reflexiones, se podría suponer que este peligro está condicionando de forma decisiva sus alineamientos con las directrices del Departamento de Estado. “No quiero peos con los gringos”, se le oyó decir a un dirigente nacional de un partido importante del G4, lo que puede estar referido a la necesidad de proteger sus intereses económicos.
Se entendería entonces claramente la razón de que partidos políticos, inclinados normalmente a participar en todo tipo de elecciones, se mantengan en una posición abstencionista absurda, siguiendo al pie de la letra las posiciones del extremismo guaidoísta. Un abandono de esta posición, mantenida ya por más de un año, puede significar ser sujetos de sanciones que los golpeen financieramente en forma drástica. Es decir que no tienen la libertad para actuar políticamente que pueden tener quienes no tengan estas limitaciones empresariales. Son dirigentes mediatizados por sus intereses personales económicos, lo cual lleva a la mediatización de sus organizaciones político partidistas.
Recientemente, un prestigioso diario estadounidense reveló las conversaciones, negociaciones y acuerdos llevados adelante en el pasado cercano entre Lorenzo Mendoza, uno de los dueños importantes de Empresas Polar, y el gobierno de Nicolás Maduro. En estas, el gobierno acordó dejar de hostigar al empresario y a su empresa si éste reducía su participación en la política y sus ambiciones presidenciales. Fue un acuerdo similar al que mucho antes, luego del golpe de Estado de 2002, realizó el presidente Chávez con el empresario Cisneros dueño de Venevisión. Ambos empresarios se silenciaron y adoptaron una posición mucho menos beligerante que la que tenían.
Algunos podrán calificar este tipo de arreglos como un chantaje efectuado por el gobierno “revolucionario” contra estos empresarios. Esto no está lejos de la realidad, pero sería una situación idéntica a la ya señalada entre la administración Trump y las empresas de los políticos del G4, que estarían siendo chantajeados para que continúen impulsando la política gringa contra el régimen de Maduro. ¿Chantaje o acuerdo político? No importa. Su resultado es el mismo: la mediatización de la política por la preponderancia de intereses financieros o comerciales.
Este mecanismo podría estar jugando a favor del gobierno también en otros casos. La unidad del PSUV podría estar siendo fortificada por los intereses económicos de una parte de sus dirigentes y de quienes los soportan en la FANB, además de las coincidencias ideológicas, políticas y de sobrevivencia que deben existir. Es teniendo en cuenta todos estos condicionantes e influencias como se puede entender el desarrollo de la política venezolana. Y de la mundial también.




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