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Nueva Asamblea Nacional
La oposición democrática se hizo sentir, aunque levemente. Han debido proponer un candidato para la segunda vicepresidencia y no lo hicieron. Claro, es la primera reunión.
Luis Fuenmayor Toro

7 Ene, 2021 | A pesar de los inconvenientes: las marramuncias preelectorales y electorales del gobierno, el intenso sabotaje de la falsa oposición, la desesperanza e incredulidad de la gente y la actuación cuestionable de algunos en la oposición democrática, este 5 de enero pasado se instaló una nueva Asamblea Nacional (AN) y finalizó el lapso constitucional de la asamblea electa en 2015. Estos son hechos reales, gusten o no, y de ellos hay que partir en la política venezolana. Negarlos es tratar de tapar el sol con un dedo y continuar la pesadilla vivida como mínimo desde enero de 2019, la cual no dejó rédito político a sus protagonistas y fue dañina a la nación venezolana. Sólo se beneficiaron el gobierno de Maduro, que hoy controla la AN casi como controlaba la caricatura de constituyente de 2017, y algunos políticos del extremismo opositor, quienes aún manejan recursos millonarios de fondos y activos en el exterior, gracias a decisiones cuestionables del gobierno de EEUU.
La política de López-Guaidó, que arrastró al resto de la oposición victoriosa en 2015, fracasó estrepitosamente. Su apoyo internacional, vital para mantenerse, se ha fracturado con la última decisión de la Unión Europea. Ésta manifestó en un comunicado que “mantendrá su compromiso con todos los actores políticos y de la sociedad civil que luchan por devolver la democracia a Venezuela, incluido en particular Juan Guaidó y otros representantes de la Asamblea Nacional saliente elegida en 2015, que fue la última expresión libre de los venezolanos (..)”, (negritas nuestras). Más claro, imposible. Se relacionarán con toda la oposición y no sólo con la de Guaidó, y con éste lo harán como opositor, pues la AN de la cual era diputado y Presidente terminó sus funciones: es una AN saliente. Por otra parte, esa oposición también se ha debilitado internamente pues se ha dividido por distintas razones y, además, ya no goza del apoyo popular que alguna vez tuvo. O reorienta su acción política y se incorpora en la ruta electoral retomada o termina por desaparecer.
El gobierno, aunque controla el 91 por ciento de la nueva AN, está lejos de tener el apoyo del pasado. Este control se debe a que se sigue violentando la proporcionalidad electoral ordenada en el artículo 63 de la Constitución, pues la alianza gubernamental estuvo lejos de tener ese porcentaje de votos. Es más, la abstención fue de un 70 por ciento de los votantes, por lo que el gobierno sólo fue respaldado por un 21por ciento de los mismos, una clara minoría. Es evidente también que la nueva AN no representa tampoco a toda la población venezolana. Tiene entonces la necesidad de actuar en función de los intereses de la gente, si quiere superar esa crisis de legitimidad.
Sin embargo, las primeras acciones del PSUV y del gobierno no están en sintonía con el discurso de amplitud y de unidad de sus principales líderes, por lo que éste puede calificarse perfectamente como demagógico. El CNE no aplicó el mandato del TSJ de garantizar la representación proporcional, y el máximo tribunal no ha ni siquiera respondido la solicitud de amparo introducida por el partido MAS haciendo esta exigencia. Fueron incapaces de incorporar a algún opositor en la directiva de la AN. Al diputado del PCV, su Secretario General, lo marginaron físicamente en la sesión de instalación de la asamblea. Las declaraciones de algunos de sus voceros ya amenazan con retaliación e incremento de su poder. Son indicios de que van a ejercer su hegemonía, expresión del sectarismo que los caracteriza. Habrá que esperar la designación de las comisiones y las primeras decisiones para confirmar esta hipótesis.
La oposición democrática se hizo sentir, aunque levemente. Han debido proponer un candidato para la segunda vicepresidencia y no lo hicieron. Claro, es la primera reunión. La muerte en la cárcel por tuberculosis y desnutrición de Salvador Franco, miembro de la etnia Pemón, a quien se le negó el traslado a un hospital pese a los ruegos de sus familiares y a una orden judicial, tiene que ser investigada por la AN. Otro tanto debe ocurrir con la caída reciente de la pasarela entre Parque Central y San Agustín. Veremos que sucede.




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