8 Abr, 2021 | El último año del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) y con mayor impulso al inicio de su segundo período presidencial (2006-2010), y promovido por el entonces ministro de la defensa, Juan Manuel Santos, comenzó en firme la negociación para la firma de un convenio, todavía vigente y repotenciado, entre los gobiernos de los EEUU y Colombia, según el cual, efectivos militares estadounidenses tendrían “acceso, uso y propiedad de instalaciones militares colombianas”.

Este convenio produjo una gran polémica en Colombia, porque su aprobación no pasó por el Congreso de la República. En 2.010, “Wikileaks” reveló que por instrucciones del presidente Uribe, el contrato se tramitó como la continuidad de pactos vigentes para evitar su paso por el poder legislativo.

“El gobierno de Uribe incluyó en el preámbulo de referencias, numerosos acuerdos bilaterales y esa idea era consistente con su objetivo de evitar la aprobación del Congreso y vender el acuerdo a la opinión pública y a la región como una simple extensión de la cooperación y no como una escalada militar de EE.UU. en Colombia”, dedujo la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).

El convenio fue suscrito entre el entonces canciller de Colombia, Jaime Bermúdez, y el embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Brownfield, en octubre del 2.009.

La colaboración entre Bogotá y Washington está basada en el famoso Plan Colombia, suscrito en 1999 por los presidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton, para “generar una revitalización social y económica, terminar con el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia contra el narcotráfico”.

Finalmente, se instalaron siete bases militares de USA en territorio colombiano: Palanquero, Malambo, Tolemaida, Larandia, Apiay, Cartagena y Málaga.

El despliegue de soldados estadounidenses en bases militares colombianas no ha sido hasta ahora, una garantía de efectividad en la lucha antinarcóticos, aunque sí una jugada geopolítica bien pensada.

Según BBC Mundo, en agosto del 2009, la directora de Washington Office on Latin America (WOLA), Jay Olson, afirmó: “Si EE.UU. quiere hacer actividades antidrogas y el seguimiento de vuelos con drogas que se dirijan a EE.UU. puede cumplir esa función sin necesidad de tener derechos de uso de bases”.

Por ese tiempo se conoció el análisis “Bases militares, inmunidad y drogas”, del economista Jorge Mejía, según el cual, “la prioridad de Washington no es combatir el narcotráfico, de ser así en lugar de ocupar la base militar de Malambo (Atlántico) habrían dirigido operaciones desde Urabá (confluye entre Antioquia, Córdoba, Chocó y el Tapón del Darién), donde sale la mayor parte de la coca hacia el Centro y Norteamérica”.

El 7 de agosto del 2.010, Juan Manuel Santos, asumió por vez primera la presidencia de Colombia, por esos días la Corte Constitucional del vecino país sentenció que el acuerdo sobre bases militares no era una extensión de viejos convenios, porque comprendía “nuevas obligaciones para el Estado colombiano”, y debía tramitarse como “tratado internacional”, someterse a la aprobación del Congreso y ser revisado por el alto tribunal.

Santos argumentó que el fallo no afectaría alianzas previas entre ambas naciones, lo que permitió mantener soldados estadounidenses en su territorio amparado en maniobras de entrenamiento, incautación de drogas y “operaciones relacionadas con comunicaciones y vigilancia”.

En octubre de este año se cumplen 12 años de la firma del convenio que permite la presencia de las bases militares en territorio colombiano y nadie pudo, ni quiso ponerle coto a la situación. Como es costumbre en la hermana república, las élites dominantes decidieron “ver para otro lado”.

En junio el año pasado se revivió de alguna manera la polémica, cuando Iván Duque, autorizó el ingreso de la Brigada de Asistencia de la Fuerza de Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés) para “ayudar a su gobierno” en la lucha contra las drogas.

Hace ya un año, en abril del 2.020, se realizó como parte de la Operación Antidrogas de Mayores Esfuerzos, la movilización de tropas norteamericanas en el Caribe y el Pacífico oriental, casualmente un día después que el Departamento de Estado anunció, el “Marco para la transición democrática pacífica en Venezuela”, asegurando que profundizará las medidas coercitivas unilaterales contra funcionarios, empresas e instituciones “hasta tanto el régimen de Maduro no acepte una transición política genuina”.

Pasa el tiempo y continúan las agresiones de todo tipo del gobierno de Iván Duque, en contra del presidente constitucional, Nicolás Maduro y de las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela.

En mayo del pasado año se produjo la incursión de fuerzas mercenarias por Macuto en el estado La Guaira. Ahora la agresión fue por Apure y la amenaza sigue latente.

¿Qué papel han jugado en esta historia las fuerzas militares estadounidenses instaladas en Colombia?

Como dijo Chávez en su Aló Presidente número 237 del 16 de agosto del 2.009: “Las bases militares yanquis en Colombia, sobre todo la base militar de Palanquero, le permite a Estados Unidos tener bajo vigilancia y relativo control, a través de su gran poderío científico, tecnológico, militar y de inteligencia, tres grandes objetivos del imperio en Suramérica: el Orinoco, la reserva de petróleo más grande del mundo; la Amazonía y el Acuífero Guaraní, compartido por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, la reserva más grande de agua y biodiversidad. Es un eje al que el gobierno yanqui le tiene la vista puesta desde hace mucho tiempo”.

Chávez, siempre Chávez.