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5 de marzo de 2026





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Condición de insularidad fue resaltada en la consulta pública de la Ley de Protección de los Derechos Socioeconómicos
Las autoridades instaron a los consejos legislativos y municipales a intensificar el debate antes de que cierre la consulta. El objetivo es que el informe final, que será presentado ante la plenaria de la Asamblea Nacional, refleje de manera fiel las propuestas de los neoespartanos.
Mario Guillén Montero

23 Feb, 2026 | En el Centro de Artes Omar Carreño, el diputado Ramón Lobo, vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, lideró una consulta pública sobre la reforma de la Ley de Protección de los Derechos Socioeconómicos. Señaló que la principal preocupación en Nueva Esparta es su condición insular, que encarece productos como el azúcar, cuyo precio puede ser entre un 20% y 25% más alto que en tierra firme debido a los costos de transporte. Lobo resaltó que, aunque la ley contempla ajustes para estas realidades, se buscará que los reglamentos definan niveles de diferenciación específicos para la región.

​La jornada contó con la presencia de la gobernadora Marisel Velásquez, el alcalde Alí Romero y la presidenta del Clebne, Jennifer Gil, junto a los diputados Junior Gómez, Dayana Sorrentino e Hilda Mata. Durante su intervención, Lobo explicó que la nueva institucionalidad estará bajo la responsabilidad de la Superintendencia Nacional para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, la cual implementará un Sistema de Observación de Precios. Este mecanismo utilizará tecnología digital para monitorear costos en tiempo real y detectar dificultades en los procesos productivos que afecten la oferta.

​Un aspecto relevante de la reforma es la actualización de los mecanismos de control vigentes desde 2015, incluyendo el Artículo 49, que faculta al Estado para fijar precios en bienes prioritarios bajo condiciones extraordinarias. El diputado Lobo señaló que el sistema de observación permitirá, mediante mesas técnicas, generar visiones precisas sobre los precios de determinados productos, diferenciando claramente entre infracciones administrativas y delitos penales para aplicar sanciones proporcionales que no detengan la dinámica comercial pero protejan al consumidor.

Las autoridades instaron a los consejos legislativos y municipales a intensificar el debate antes de que cierre la consulta. El objetivo es que el informe final, que será presentado ante la plenaria de la Asamblea Nacional, refleje de manera fiel las propuestas de los neoespartanos.




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