El presidente venezolano, Nicolás Maduro (c-frente), ondea una bandera nacional venezolana en Caracas, capital de Venezuela / Foto: Xinhua

23 May, 2023 | El presidente venezolano, Nicolás Maduro, firmó la promulgación de la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, nuevo instrumento jurídico que entra en vigencia para enfrentar a las sanciones de EE. UU. contra el país sudamericano.

El texto legal fue aprobado previamente en el Parlamento venezolano por unanimidad y, a partir de su promulgación, brinda herramientas jurídicas al Estado venezolano para la defensa de los bienes de la República que están en el exterior.

"Tenemos un nuevo instrumento jurídico y constitucional para proteger todo el patrimonio que le pertenece a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. ¡Cúmplase!", enfatizó el mandatario.

El jefe de la fracción oficialista en el parlamento y vocero principal del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, comentó a Maduro durante un programa de televisión que la nueva ley "se complementa de manera perfecta" con la Ley Orgánica de Extensión de Dominio, vigente desde finales de abril.

Según líderes venezolanos, la nueva ley tiene 13 artículos y su objetivo es garantizar al pueblo de Venezuela la justicia inmediata respecto a despojos que son ordenados o ejecutados directamente por la Casa Blanca.

Dichos despojos contra bienes y activos de Venezuela, ejecutados por Washington, son parte fundamental de la política de sanciones unilaterales de la Casa Blanca contra Caracas.

Cabello explicó que la ley declara la nulidad de cualquier acto que pretenda confiscar los bienes de la República, obliga a todos los venezolanos a proteger los activos del país y además establece responsabilidades jurídicas individuales para quienes atenten contra el patrimonio del país.

Maduro relató que la ley es expresión de la democracia en el país dado que fue debatida por más de 135 personas pertenecientes a universidades y a distintos organismos del Estado. Además, 1.800 personas dieron su opinión sobre la ley mediante una consulta pública convocada por el Parlamento.