Los directivos del Sindicato Bolivariano de la Construcción exigen contratación de mano de obra local en la ejecución de la planta desalinizadora de Boca de Pozo. / Foto: DEXCY GUÉDEZ

14 Dic, 2016 | Los directivos de la Unión Bolivariana de Trabajadores de la Industria de la Construcción en Nueva Esparta anunciaron que introducirán un Recurso de Amparo en los tribunales laborales de la región en contra de la empresa Citic Construction CO LTD, que instala la planta desalinizadora de Boca de Pozo, municipio Península de Macanao, exclusivamente con personal asiático.

Nelson Muñoz y Jaisi Domínguez, secretario general y secretario de Reclamos de esa central oficialista, respectivamente, denunciaron exclusión y violación a los derechos laborales de los venezolanos, en virtud de la negación de la contratista china de emplear personal residenciado en esa zona y sus adyacencias.

Recordaron que hace dos meses aproximadamente hicieron la misma advertencia, pero hasta los momentos las autoridades regionales ni nacionales, a las cuales han hecho partícipes de la situación, les han dado respuesta.

“Hacemos un llamado revolucionario y bolivariano como es nuestro sindicato al presidente obrero Nicolás Maduro, para que vea lo que está pasando en Margarita. Los venezolanos hemos derramado mucha sangre para ser libres y no permitiremos que un imperio chino nos pisotee y viole nuestros derechos”, recalcó Muñoz.

Los dirigentes sindicales aseguraron que la negativa de los ejecutivos de la empresa asiática afecta a por lo menos 250 obreros del área radicados en el municipio Península de Macanao, toda vez que la obra desde el principio contempló esa cantidad de plazas de empleo, pero para estos momentos sólo 100 trabajadores de origen asiático integran la nómina.

Seis meses de esper

Los representantes del Sindicato Bolivariano de la Construcción lamentaron que luego de seis meses esperando en los portones de la obra, no ha sido posible que siquiera un nativo haya sido empleado en ese consorcio.

Aseguraron que en tres ocasiones han enviado comunicación al gobernador Carlos Mata Figueroa explicándole la problemática y solicitándole directamente su intervención para que la referida empresa contrate mano de obra margariteña.

La contratista, aseguraron, está violando la Constitución, la Ley del Trabajo, la Convención Colectiva de la Industria de la Construcción y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con indiferencia de las autoridades nacionales y regionales.

Sobreprecio

Es válido recordar que sobre esa planta desalinizadora pesa una denuncia en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, presentada por el diputado por Nueva Esparta, Jony Rahal, por un supuesto sobreprecio en la misma. El parlamentario informó oportunamente que, según su investigación, la planta tiene un costo de siete millones de dólares, pero la cifra revelada por el gobierno es de USD 46 millones.