4 Jun, 2021 | A partir del quiebre del último de los tres pilares que sostenía al modelo democrático representativo bipartidista, hecho ocurrido el 4 de febrero de 1992 con el golpe comandado por Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas y otros oficiales de las Fuerzas Armadas, se inició en Venezuela un período de inestabilidad política, que impulsa la necesidad del surgimiento de un nuevo modelo político. El sistema iniciado en 1958, al parecer ya había dado todo lo que podía y tenía una década haciendo aguas. Es así como los sectores políticos y económicos dominantes terminan acordándose, con el propósito de iniciar otra forma de conducción del país, lo que se hace evidente con el juicio político y la destitución de Carlos Andrés Pérez, quien había resistido la asonada militar de los autodenominados “bolivarianos”.
El segundo gobierno de Rafael Caldera, que incluyó a nuevas fuerzas políticas y sociales al ejercicio del poder, constituyó un intento fallido por salvar el modelo dentro de la institucionalidad existente. La elección presidencial de Hugo Chávez fue el segundo intento en el mismo sentido, aunque éste sí fue manejado y dirigido totalmente por grupos políticos distintos de quienes habían ejercido el poder en las décadas anteriores. El discurso y las promesas, el carisma del nuevo liderazgo y su ausencia de relación con el modelo fracasado, atrajeron la atención de quienes habían sido siempre segregados y marginados, a los que se sumaron los descontentos con la situación económica y política existente y los usuales pescadores en río revuelto. Pese a la fuerte oposición que se organizó desde 2001, los “bolivarianos” subsistieron y luego aprovecharon el enorme ingreso recibido por el aumento de los precios petroleros.
En este momento, estamos en situación parecida en relación a un modelo que no apalancó el desarrollo nacional, ni satisfizo las reivindicaciones socio económicas esperadas por las grandes mayorías, y que además sumergió al país en una crisis económica y política profundas, sin parangón cercano en nuestra historia. El país exige un cambio político, que le permita salir del estancamiento actual, así como de los enfrentamientos infructíferos permanentes. Este cambio implica varias condiciones que deben lograrse paulatinamente. Las reglas del juego democrático deben ser reescritas, lo cual no significa volver a las del siglo pasado, pero tampoco descartarlas todas “a priori”. Se trata de una alianza nacional de la mayoría democrática del país, entre la diversidad opositora y los distintos chavecismos enfrentados al gobierno actual y sus dislates.
Esa reescritura hay que hacerla de consenso entre la mayoría democrática del país. Es un proceso de carácter inclusivo, que debe llegar a representar a por lo menos el 80 % de los venezolanos. Nunca podremos hablar del 100 por ciento, pues es imposible aquí y en todo el mundo. En esa reescritura de las reglas del juego hay varias cosas que se deben rescatar o incorporar, aunque en mi opinión la más importante es la representación proporcional electoral, por su valor plural, equitativo y democrático. Los cuerpos deliberantes deben reflejar lo más aproximadamente posible los deseos expresados por la población votante, la que los eligió, única forma de ser realmente representativos, equilibrados y justos en las decisiones que tomen.
El sistema mayoritario existente debe terminar. Y lo debe hacer en todos los ámbitos de la vida nacional: sindical, gremial, estudiantil y empresarial. No hay ninguna contradicción entre el voto personalizado, que se ejecuta en el acto de la votación, y la representación proporcional, que se ejecuta en un momento posterior, al distribuir los escaños según la votación obtenida. Se debe cumplir el artículo 63 de la Constitución Nacional, que exige votación personalizada y representación proporcional, ambos a la vez. Esa división entre voto lista y voto nominal debe desaparecer, pues ha sido el subterfugio utilizado por muchos políticos para violar consuetudinariamente las decisiones soberanas del electorado.