10 Jun, 2021 | La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es el componente de Justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creada por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), la cual tiene por objeto la función de administrar justicia transicional y conocer los delitos que se hubieran cometido en el marco del conflicto armado, antes del 1 de diciembre de 2016.

Sin duda, una de las heridas más profundas que sufre Colombia en los últimos tiempos son los llamados "falsos positivos", como son conocidos los crímenes cometidos contra civiles no beligerantes, haciéndolos pasar como guerrilleros caídos en combate en el desarrollo de la guerra interna en ese país.

En febrero de este año, la JEP presentó un informe según el cual, las fuerzas militares de Colombia abatieron al menos a 6.402 civiles entre 2002 y 2008 y los presentaron como "bajas en combate".

Hasta ese momento, aunque dependiendo de la institución que ofreciera los datos las cifras variaron, nunca se aproximaron ni siquiera de cerca al número de víctimas denunciadas por la JEP.

Según el informe de la JEP, la cifra de "falsos positivos", no solo es mucho mayor de lo que se había reconocido en el pasado, sino que además muestra que en el periodo en el que gobernó Álvaro Uribe Vélez, “se registró el 78% del total de la victimización histórica", lo cual fue calificado por los magistrados como un "fenómeno macro criminal".

Cerca de 1.500 militares presuntamente estuvieron involucrados en esa práctica, con la que las fuerzas armadas colombianas buscaban presentar buenos resultados a sus superiores en el combate a las guerrillas y bandas criminales, a cambio de premios, permisos y beneficios.

La investigación de la JEP es el llamado Caso 03, abierto luego de que surgieron denuncias ante la Fiscalía General, la cual estableció que la etapa más crítica ocurrió entre 2006 y 2008.

Esta conducta de las fuerzas militares del país vecino, revela una de las manifestaciones más crueles de la violencia en Colombia.

El informe de la JEP generó conmoción porque reveló dos cosas inéditas:

En primer lugar, la magnitud del esquema de cuotas que funcionó (a) en el ejército. Los números de investigaciones preliminares hablaban de un máximo de 3.000 víctimas de los falsos positivos.

En segundo lugar, el informe sugiere que el trabajo previo de la Fiscalía fue deficiente, lo que para algunos analistas no es otra cosa que un intento de encubrimiento.

Históricamente, las fuerzas armadas colombianas han contado con el respaldo de la clase política que ha gobernado ese país, desde donde le han ofrecido permanente protección y encubrimiento, a pesar de los desmanes cometidos reiteradamente en el ejercicio de una de las funciones que mejor cumple. La represión.

Resulta que ahora por solicitud del presidente Iván Duque, el pasado 8 de junio, el Senado de la República de Colombia, ascendió al mayor general Jorge Luis Vargas, a director nacional de la Policía.

El mayor general Vargas, dirige al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), y demás componentes de la Policía, quienes reprimen de manera violenta a lo largo y ancho del país al pueblo participante en el paro nacional, cuando la cifra de personas asesinadas en las acciones policiales supera las 70 y se cuentan por miles las cifras de heridos, torturados, detenidos y desaparecidos, como está documentado en cualquier cantidad de imágenes que le han dado la vuelta al mundo y que han generado el más contundente rechazo de la comunidad internacional.

Es bueno recordar que desde el año 1953, la Policía Nacional de Colombia, está adscrita al Ministerio de Defensa, y que el presidente de la República es el comandante supremo de la institución y ejerce su autoridad mediante el Ministro de Defensa y el director general de la Policía Nacional.

Esta conducta no es nueva en la élite dirigente en Colombia. Lo mismo ocurrió en el 2019, también en el gobierno de Iván Duque, cuando a pesar de sendos informes publicados por una ONG, por cierto tradicional aliada de los gobierno de los EEUU y de Colombia, como Human Rights Watch (HRW), alertó la inconveniencia de los ascensos de los generales Marcos Evangelista Pinto y Édgar Alberto Rodríguez, “por tener vínculos con posibles casos de falsos positivos” y habían sido señalados de haber participado en ejecuciones extrajudiciales y a pesar de eso, la comisión segunda del senado los ascendió.

Definitivamente, para los colombianos en general y para los participantes en el paro nacional en especial, en Colombia, el crimen sí paga.