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22 de septiembre de 2021





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¿Y cómo vamos en México?
En lo político-electoral, si el gobierno mejora las condiciones electorales, no arriesga su reprochable proyecto hegemónico porque la atomización y desarticulación de la oposición le aseguran una cómoda posición electoral
José Antonio Gil Yepes @joseagilyepes

9 Sep, 2021 | Las negociaciones en México entre el gobierno y la oposición está arrojando resultados de peso; unos más evidentes que otros; unos para bien y otros cuestionables.

Lo más importante hasta ahora es que el Memoradum de Entendimiento está firmado por “El Gobierno de Venezuela”, representado por Jorge Rodríguez; por la “Plataforma Unitaria” de oposición, representada por Jorge Blyde; y por Dag Nylander, del Reino de Noruega. Esto significa que la oposición y el Reino de Noruega (que cuenta con el consenso europeo y la anuencia de los Estados Unidos) reconocen al gobierno de NM: Un cambio de 180º en relación a que esos gobiernos no reconocían al de NM. En este aspecto, la oposición pierde terreno porque el documento no menciona al gobierno interino de Juan Guaidó, ni este último, supuesto representante de dicha oposición, es firmante del acuerdo.

La oposición logra un punto porque sus competidores o partidos fuera del “G4” no fueron incluidos entre los participantes en la negociación. Lo que significa que los gobiernos extranjeros impusieron una representación opositora exclusivamente con los partidos más distantes del gobierno, dejando fuera a los que se habían acercado al oficialismo.

Los gobiernos extranjeros abandonaron su posición beligerante contra el gobierno de NM y optaron por la negociación y el camino electoral; en vez de presionar para lograr un cambio adelantado de dicho gobierno y la abstención en las elecciones. Este giro es favorable para la ciudadanía, el gobierno y la oposición. Mientras esta última ha pretendido ganarle al gobierno confrontándolo, ha sido derrotada y ha compartido el disgusto de ese 70% de ciudadanos que rechaza la polarización que implantó el gobierno.

El gobierno de NM por primera vez firma un acuerdo que incluye la palabra “negociación”. Chávez y Maduro nunca la habían aceptado; sólo dialogan, pero no ceden. El gobierno accede a negociar porque necesita que le flexibilicen o eliminen las sanciones personales y económicas impuestas por los países extranjeros. De lo contrario, no tendrían por qué negociar con la oposición porque esta última no tiene nada que dar ni quitar al gobierno de NM por su falta de poder. Esto implica que mientras haya sanciones, el gobierno negociará, y viceversa. Lo cual también implica que es poco probable que se reduzcan las sanciones, al menos por parte del mayor sancionador, los Estados Unidos, hasta no tener aseguradas las condiciones electorales bien para un referendo revocatorio en 2022 o para las presidenciales en 2024. Esto implica que no debemos esperar muchos cambios políticos ni económicos, no al menos en función de estas negociaciones porque el gobierno no va a ceder si no le flexibilizan substancialmente dichas sanciones. Si el gobierno cambia sus políticas será por otras razones; por ejemplo, para recuperar la economía, ya que sus propias políticas son las que lo han ahorcado económicamente (mucho más que las referidas sanciones) y desconectado del 80% de la población.

En lo político-electoral, si el gobierno mejora las condiciones electorales, no arriesga su reprochable proyecto hegemónico porque la atomización y desarticulación de la oposición le aseguran una cómoda posición electoral: El gobierno cuenta con la abstención (entre el 50 y 60%); tendrá, casi siempre, un solo candidato, con un potencial alrededor del 20% de los votos; mientras que la oposición en casi todas las jurisdicciones cometerá el error de presentar varios candidatos para repartirse 30 puntos. Es decir, que el gobierno puede quedar bien negociando para repatriar exiliados, liberar presos y rehabilitar inhabilitados porque la mayoría de esos actores políticos adicionales contribuirán con la multiplicidad de candidaturas, repontenciando así triunfos oficialistas.

La agenda acordada es muy amplia y rimbombante: Derechos políticos para todos. Garantías electorales para todos. Cronograma electoral para elecciones observables. Levantamiento de las sanciones. Restauración de derecho a activos. Respeto al Estado Constitucional de Derecho. Convivencia política y social. Renuncia a la violencia. Reparación de las víctimas de la violencia. Protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano. Garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado. Esta agenda luce muy atractiva por ser tan amplia. Pero esto choca con cuatro realidades: 1. Como dijo el Dr. Román Duque Corredor, “… esto significa que el gobierno admite discutir su propia gobernabilidad...” y fracaso de gestión. 2. Se estaría estableciendo un cogobierno, lo cual es inverosimil ya que el oficialismo nunca ha compartido decisiones de fondo. 3. Un principio básico de negociación señala que, mientras más compleja sea la agenda a negociar, menor es la probabilidad de acordarse entre las partes. 4. Faltó incluir el Revocatorio Presidencial y sobran temas sorpresa, como el acuerdo para recuperar el Esequibo.




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