16 Nov, 2022 | La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) hizo pública el pasado 14 de noviembre una comunicación del Gobierno de Nicolás Maduro a través de la cual busca impedir la participación directa de las víctimas y de los cinco gobiernos que remitieron el caso a la CPI relacionados con la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.

Esta sería la respuesta del Gobierno nacional a la solicitud Karim Khan, fiscal de la CPI, realizada el pasado 10 de noviembre para retomar la investigación contra el país y los presuntos responsables.

Entre las demandas del Estado venezolano se oponen a la participación directa de las víctimas y sus representantes en la investigación realizada por la organización mundial y pide que se limite a resúmenes elaborados por la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI.

Así mismo, el documento pide que no se permita la participación en este procedimiento de Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, Estados que remitieron desde un principio la denuncia a la CPI.

Otra de las exigencias del gobierno de Maduro es que esos informes correspondan solo a los casos presentados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, por lo que se excluiría nueva información o evidencias sobre otros casos que puedan ampliar el expediente.

El Estado venezolano también se opone a la solicitud del fiscal Karim Khan para que los jueces adopten un procedimiento expedito para autorizar que se retome la investigación sobre crímenes de lesa humanidad. Así como solicitar mayores plazos para responder a cada una de las solicitudes y poder hacerlo ante cualquier documento introducido por cualquier fuente.

La ONG Provea considera que esto es una “estrategia dilatoria que busca mantener paralizadas las facultades investigativas del fiscal de la CPI por el mayor tiempo posible”, y que dichas acciones “ratifican el desprecio de las autoridades venezolanas por las víctimas y sus reclamos de justicia”, publicó la organización en su cuenta de Twitter.