Vicepresidenta argentina es condenada a 6 años de prisión e inhabilitación en cargos públicos por corrupción. / Foto: CORTESÍA

7 Dic, 2022 | Buenos Aires. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada este martes por un tribunal federal a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el juicio oral que se le siguió por irregularidades en la adjudicación de obra pública durante su gestión como mandataria del país (2007-2015).

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, consideró que la dirigente política incurrió en "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". Además, inhabilitaron "a perpetuidad" a Fernández para ejercer cargos públicos.

"Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional", explicó el tribunal en un comunicado tras leer el veredicto.

El TOF2 indicó que los fundamentos jurídicos del fallo condenatorio serán dados a conocer el 9 de marzo de 2023, fecha a partir de la cual podrá realizar una apelación la vicepresidenta, quien ha rechazado la acusación.

Fernández de Kirchner dijo en un discurso que pronunció a través de sus redes sociales que "está claro que la idea era condenarme".

"Esta condena no es una condena por las leyes de la Constitución. Es una condena que tiene su origen en un Estado paralelo y en una mafia judicial, en la existencia de un sistema paraestatal en el que se decide sobre la vida, la libertad y el patrimonio de los argentinos, y que está fuera de los resultados electorales", sostuvo.

La dirigente se desligó del manejo de la obra pública, al sostener que "como me habrán escuchado durante los alegatos, probé absolutamente que, de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo de las leyes, que son aprobadas por diputados y senadores".

"Dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes. Yo no legislo, para eso están los diputados y los senadores. Y el presidente de la República tampoco administra ni ejecuta el Presupuesto", enfatizó Fernández de Kirchner.

El fiscal federal Diego Luciani había pedido una pena de 12 años de prisión para la dirigente.

En la causa también fue condenado el exsecretario de Obras Públicas José López, también a seis años de prisión, y exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Dirección de Vialidad de la provincia de Santa Cruz.

Todos fueron acusados por el presunto direccionamiento de la obra pública nacional en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas del grupo Báez, y por el supuesto pago de sobreprecios e incumplimientos en la realización de las obras.

El TOF2 ordenó también el decomiso de 84.835.227.378 pesos (unos 495 millones de dólares), suma en la que se consideró que fue perjudicado el Estado argentino.

El Tribunal aseguró que se comprobó la existencia de "un interés manifiesto" de la actual vicepresidenta "sobre el plan criminal, evidenciado a través de su participación en los beneficios económicos producto del delito obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Báez".

Sin embargo, pese a la condena, la vicepresidenta argentina no irá a la cárcel, ya que por su cargo tiene fueros que le otorgan inmunidad de arresto, que solo los puede perder en un juicio político.

Además, para que una eventual detención se concrete, la sentencia conocida este martes debe quedar "firme", es decir, debe ser confirmada por otras instancias judiciales, a saber, la Cámara Federal de Casación Penal y, luego, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En su discurso tras conocerse el fallo, Fernández de Kirchner aseguró que "la condena real es la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esta es la verdad. Presa o muerta me quieren", sostuvo, tras recordar el intento de homicidio que enfrentó el septiembre pasado, cuando una persona se acercó a ella frente a su casa y gatilló un arma frente a su cara.