23 Dic, 2022 | Se asombran, alteran y lanzan acusaciones a diestra y siniestra, quienes cuestionan la declaración del presidente Nicolás Maduro, producida luego de la firma del Acuerdo Social, el pasado 26 de noviembre en México, entre los representantes de la Plataforma Unitaria (G4-MUD), encabezados por el abogado Gerardo Blyde, y la delegación del gobierno venezolano, liderada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en la que reclamó elecciones sin sanciones.

Vale la pena recordar el proceso electoral parlamentario de diciembre del 2015, el cual por cierto fue convocado y supervisado por el cuerpo rectoral del CNE, más satanizado y vilipendiado por esa oposición que obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional (2016-2021).

Lo que el G4 hizo con ese resultado, la manera como “dilapidó” esa victoria en el camino de la improvisación, la locura y el infantilismo político para terminar actuando como procónsules del gobierno de los EEUU, es “harina de otro costal”.

Es preciso recordar la situación como llegó el país y sus ciudadanos a esas elecciones, para comprender la importancia de aproximarnos a las presidenciales del 2024 y las de diputados a la AN, gobernadores, alcaldes, legisladores regionales y concejales del 2025, sin medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país.

Estoy convencido como lo he afirmado en repetidas oportunidades, que la campaña “sin rostro” de los candidatos de la MUD a la Asamblea Nacional electa en diciembre del 2015 y el feroz cerco económico que promovió la oposición venezolana a partir de la declaratoria de Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria para los EEUU de Norteamérica”, en tiempos de Barack Obama, provocó el desabastecimiento de los productos de primera necesidad y de los medicamentos más solicitados por la familia venezolana, y largas colas de ciudadanos para adquirirlos a precios desmesurados, lo cual “descolocó” a los electores de su consecuente y consecutivo respaldo electoral a la revolución bolivariana y facilitaron el “voto castigo” contra un gobierno que no era responsable del caos que comenzaba a producirse.

En la Venezuela de hoy casi todo el mundo reconoce el enorme daño que las medidas coercitivas unilaterales han ocasionado a los venezolanos de todos los sectores económicos, sociales, políticos, credos religiosos, independientes e indiferentes, y aun cuando las “aguas” paulatinamente han ido regresado a su cauce, es oportuno recordar al país este episodio para no caer en el juego de quienes promueven el olvido, el “aquí no ha pasado nada” para esquivar su responsabilidad en la tragedia, así hay que llamarla, que hemos sufrido los venezolanos por la AN del 2015 y las calamidades que todavía padecemos por las gestiones antipatriotas de la mayoría parlamentaria de ese período que afortunadamente culminó en enero del 2021.

No es cualquier cosa que el 9 de junio de este año, en una entrevista de radio y TV que le hiciera el periodista Eduardo Rodríguez Giolitti, el dirigente político Jesús “Chuo” Torrealba, quien en 2015 fuera el jefe de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y de la campaña a la AN, calificara esos resultados como una “victoria prestada”, donde buena parte de las bases afectas al chavismo, votaron por la oposición venezolana.

Aun cuando la dirección política de la revolución bolivariana, haya logrado expandir su influencia social y consolidar su poderosa maquinaria organizativa y electoral, es responsabilidad de Nicolás Maduro, no sólo como jefe del estado, sino también como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), alertar y proclamar la realización de unas elecciones justas y libres de sanciones. En las presidenciales del 2024 y las de Asamblea Nacional, de gobernadores, de alcaldes, de legisladores regionales y concejales del 2025.

Y no lo serán, si todavía sobre nuestre país actúan “coercitivamente”, un paquete de medidas económicas especialmente petroleras, que afectan directamente la capacidad de gestión, no sólo del gobierno nacional, sino también de los gobiernos regionales y municipales.

No es poca cosa, se han aplicado 927 medidas coercitivas, de las cuales 763 corresponden a sanciones directas de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, y 164 son medidas restrictivas dictadas por el Sistema Financiero.

De acuerdo con el “Observatorio contra las Medidas Coercitivas”, los afectados por las sanciones han sido: 42% al Gobierno Nacional, para impedir que el Ejecutivo venezolano desarrolle acciones que favorezcan a la economía, 19% a la industria petrolera, 17% a la economía y las finanzas, 8% al sector privado, 5% al sector político, 5% al transporte y 4 % al sector alimentos.

Como escribiera el analista político Leopoldo Puchi, el pasado mes de octubre: “Este asunto de la interferencia extranjera en las elecciones de 2024 y 2025, es un asunto que debe ser incorporado a la agenda, junto a los indispensables acuerdos para las condiciones y garantías electorales que ya se han venido discutiendo entre Gobierno y oposición.De mantenerse esa intervención externa, por medio de las sanciones y la interferencia electoral, será muy difícil considerar que las elecciones presidenciales y legislativas previstas para 2024 y 2025 serán libres y justas”.

Los principales actores políticos de la Venezuela de estos tiempos deben valorar estas observaciones, no sólo por razones patrióticas sino porque, además, desde el 21 de noviembre del 2021, un tercio de las alcaldías están en su poder y son víctimas de la “estrechez” presupuestaria, fundamentalmente ocasionada por la brutal caída del ingreso petrolero de nuestro país como consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales.

Esta es la verdad y hay que recordarla.