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La rebatiña continúa
En cuatro años de funcionamiento del supuesto gobierno interino, Juan Guaidó solo ofreció rendición de cuentas en septiembre de 2022 a pesar que la Constitución que tanto dice defender, establece que este procedimiento debe efectuarse a principios de cada año.
José Gregorio Rodríguez Jotaerre577@gmail.com

12 Ene, 2023 | Desde el 14 de junio de 2019, cuando el periodista antichavista Orlando Avendaño, publicó en el portal digital Panam Post un reportaje sobre el mal manejo de los recursos destinados para apoyar los venezolanos en Colombia, no han cesado las denuncias sobre el uso indebido de los fondos que por todos los conceptos recibió el mal llamado “gobierno interino” del ex diputado Juan Guaidó.

En septiembre de ese mismo año, la ONG Transparencia Internacional en América Latina, confirmó las denuncias en torno al manejo irregular de los recursos utilizados en la asistencia de los funcionarios policiales y militares venezolanos, que cruzaron la frontera hacia Colombia el 23 de febrero de ese año y los días sucesivos.

Más adelante, Humberto Calderón Berti, primer representante de Guaidó ante el gobierno de su incondicional aliado colombiano Iván Duque, confirmó las denuncias y se distanció del ex parlamentario y de su ficticio gobierno interino.

Desde entonces no han cesado los señalamientos contra el ex diputado de La Guaira, su entorno familiar y afectivo, y sus correligionarios de Voluntad Popular, especialmente Leopoldo López, quien para muchos es el cerebro del entramado de corrupción que actúa en nuestro país con asombrosa impunidad desde enero de 2019.

En cuatro años de funcionamiento del supuesto gobierno interino, Juan Guaidó solo ofreció rendición de cuentas en septiembre de 2022 a pesar que la Constitución que tanto dice defender, establece que este procedimiento debe efectuarse a principios de cada año.

En días pasados, el director de la asesoría política Log Consultancy, Giulio Cellini, señaló a la agencia de noticias EFE que la eliminación del interinato es una decisión política necesaria, pero "tardía", que deja cosas que lamentar, como la opacidad.

"Esta administración ha sido opaca (...) empieza el momento que tanto estábamos esperando de la revisión pormenorizada de todo lo que tiene que ver con lo que ha sido la disposición de los recursos por parte del interinato y creo que hay que esperar que esto se produzca para analizar y saber quiénes son los principales responsables de la utilización de los mismos (…) el gobierno interino perdió su razón de ser como un movimiento político y sus miembros se creyeron de verdad que eran un gobierno y se burocratizaron (…) terminó siendo, básicamente, un reducto de un partido político y de unos partidos políticos minoritarios, que hicieron de eso un modus vivendi, hicieron de eso una forma de vida en la cual se sentían cómodos, como si de verdad estuvieran gobernando, y recibían recursos para el mantenimiento de sus estructuras".

En septiembre pasado, Guaidó indicó que él y su equipo manejaron, durante tres años y medio, un promedio de 65 millones de dólares anuales, lo que asciende a 227,5 millones en total, pero no ofreció un informe detallado con precisión de cifras, ni detalló en qué consistieron las gestiones en "defensa de la democracia" o la "diplomacia por la libertad", mencionadas en su informe.

Sin embargo, a pesar que el interinato fue eliminado por la Asamblea Nacional elegida en 2015, cuyo período venció en enero de 2021, establecieron un presupuesto por un monto de 52 millones de dólares que serán "protegidos" y administrados por el recién creado Consejo de Administración y Protección de Activos.

Este monto, que todavía no ha sido detallado, debe ser dirigido a “gastos para la defensa y el fortalecimiento del Poder Legislativo nacional y la protección social de sus integrantes, gastos para la protección y defensa de la democracia", gastos de funcionamiento del Consejo de Administración y Protección de Activos, de la junta ad hoc del BCV y Pdvsa".

Quiere decir, para cancelar los “salarios” de los supuestos diputados, gastos de movilización, pasajes aéreos nacionales e internacionales, alimentos, bebidas, y cualquier otra erogación que “la causa superior de la defensa de la democracia” así lo exija.

Todavía queda pendiente que le expliquen a la opinión pública nacional e internacional que pasó con la empresa Monómeros Colombo-Venezolanos, con el dinero que allí se “extravió” y en qué estado se encuentra Citgo de Venezuela.

Cambiaron al cuentadante, pero la rebatiña continúa.




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