De este modo, el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, señaló que la permanencia de esta agresión coloca a la gestión estadounidense “al margen del Derecho Internacional”, a través de un hilo de mensajes publicados en su red social.

“Podríamos pensar que luego de los recurrentes fracasos de los EEUU en su fantasía de derrocar al presidente Nicolás Maduro, la arrogancia e inmoralidad serían cosas del pasado. Lo único intacto hoy es la voluntad de nuestro pueblo por superar las pretensiones de la vileza imperialista”, enfatizó el canciller en una de las publicaciones.

El diplomático venezolano compartió una publicación de prensa, en la que un portavoz del Departamento de Estado de EEUU asegura que su Gobierno mantendrá “intacta” su política de sanciones contra el país suramericano, en respuesta a una solicitud reciente del presidente Maduro de que levante todas estas medidas extraterritoriales que lesionan los derechos humanos del pueblo y la economía nacional.

El Gobierno Nacional ha contabilizado más de 920 criminales medidas coercitivas unilaterales impuestas por la administración norteamericana en un lapso de siete años, por lo que interpuso, en febrero de 2020, una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, según reseña el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores (MPPRE).

Luego de una visita de 12 días a Venezuela en febrero de 2021, la relatora especial de Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, determinó que las medidas coercitivas han tenido “efectos devastadores” sobre la vida de los ciudadanos de la nación caribeña.