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¡Cuando el clarín de la Patria llama, hasta el llanto de la madre calla!
Es tiempo para “guardar” por un rato la diatriba político partidista de todos los días, la polarización que nos agobia la cotidianidad.
José Gregorio Rodríguez R. jotaerre577@gmail.com

9 Nov, 2023 | Para que tengamos una idea de lo que está en disputa, la superficie de la Guayana Esequiba, territorio venezolano sin lugar a dudas, es 140 veces más extensa que el la sumatoria de la superficie de las islas de Margarita (1.020 Km2), Coche (61KM2) y Cubagua (24Km2), islas que conforman el estado Nueva Esparta (1.105Km2).

En el año 1897, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados Unidos de Norteamérica y Rusia, integraron un tribunal conformado por dos árbitros ingleses, dos norteamericanos y uno ruso, anunciado como un “tercero imparcial”, quienes el 3 de octubre de 1899 suscribieron el ignominioso Laudo Arbitral de París, en el que le “regalaron” al imperio británico, los 159.542 mil kilómetros cuadrados del territorio Esequibo. Ni el ruso fue imparcial, y ni siquiera como “escribiente” figuró un venezolano en ese tribunal.

Luego de un prolongado período de negociaciones diplomáticas y muy cerca de conceder la independencia a su colonia, la Guayana Británica, hoy República Cooperativa de Guyana, el 17 de febrero de 1966, el gobierno de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, rubricó el Acuerdo de Ginebra, reconociendo la reclamación de nuestra nación sobre el Territorio Esequibo, expresados en cerca de 160 mil kilómetros cuadrados.

El Acuerdo de Ginebra es un tratado vigente, en el que se detallan los pasos a seguir para la resolución de la controversia limítrofe-territorial sobre la Guayana Esequiba, surgida de la contención venezolana ante la ONU, en 1962, de considerar nulo e írrito el Laudo Arbitral de París de 1899, que emitió el Tribunal Arbitral de París y que definió la frontera común entre Venezuela y la Guyana Británica.

A partir de ese momento, el Estado venezolano, independientemente de los diferentes gobiernos que se ha dado la república, reconoce a este instrumento jurídico, como el único con plena vigencia para el justo reclamo sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Esto debe quedar claro, sobre todo para quienes quieren hacer política partidista con un tema de “Estado”, que como la reclamación del territorio Esequibo, debe concitar la más poderosa y blindada “Unidad Nacional” para que no quede dudas en ningún rincón del planeta, de la férrea voluntad de los venezolanos en defender nuestra integridad territorial.

En inconcebible que, en conocimiento de estos antecedentes, el 6 de abril de 2022, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), admitió una solicitud formulada por la República Cooperativa de Guyana en marzo de 2018, y se declaró competente para conocer del caso. La intención del gobierno de Guyana está muy clara, que la CIJ refrende el Laudo Arbitral de París de 1899 y retorne al punto superado en 1966 con la firma del Acuerdo de Ginebra. Es decir, Guyana aspira, con el respaldo de la Corte Internacional de Justicia, el apoyo de algunos gobiernos, y el financiamiento de grandes corporaciones petroleras y mineras internacionales, consumar un “arrebatón” territorial contra Venezuela.

A pesar de desconocer su jurisdicción sobre la materia, el gobierno de Venezuela, en junio de 2022 se presentó ante la CIJ, y alegó excepciones a la admisibilidad de la demanda, llamadas excepciones preliminares, las cuales fueron desestimadas por la Corte, confirmando de esta manera los argumentos de nuestro país contra esa Corte, como instancia para resolver este asunto.

Debo reiterar que para Venezuela el único instrumento jurídico válido para dirimir la controversia por el territorio Esequibo, es el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Es inadmisible, intolerable y se constituye en una provocación del gobierno de Guyana, otorgar licencias para la exploración y explotación petrolera, no sólo en la zona correspondiente al territorio en controversia, sino también en la salida atlántica de aguas venezolanas.

Este comportamiento del gobierno guyanés, con el deliberado propósito de crear una situación de hecho que luego haga más complicada la negociación, ocasionó una respuesta contundente del gobierno nacional. La realización de un referendo consultivo, con 5 preguntas avaladas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual fue convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), para el próximo 3 de diciembre.

Es tiempo para “guardar” por un rato la diatriba político partidista de todos los días, la polarización que nos agobia la cotidianidad.

Sin embargo, estoy convencido que los politiqueros de los últimos tiempos, con la arrogancia y mezquindad que los caracteriza, actuarán otra vez en la dirección equivocada y nuevamente serán rechazados por un pueblo que está cansado de tanto extremismo antipatriótico.

Llegó la hora de actuar como nación y convocar con toda la fuerza posible a los venezolanos para el referendo consultivo. Que el mundo sepa que más allá de las diferencias, el ADN de los venezolanos está impregnado de la fuerza y la sabiduría de nuestra generación libertadora. Que no estamos dispuestos a perder ni un centímetro cuadrado de nuestro territorio, y que inspirados en la frase que se atribuye al Libertador Simón Bolívar, saldremos a votar masivamente el próximo 3 de diciembre, para que el mundo entero escuche claro y fuerte que, en Venezuela ¡Cuando el clarín de la Patria llama, hasta el llanto de la madre calla!




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