Colectivos de pensionistas se manifestaron acompañados por distintas organizaciones sociales y políticas. / Foto: CORTESÍA

29 Ago, 2024 | Berlín. Los jubilados se concentraron este miércoles frente al Congreso Nacional de Argentina y, antes de comenzar a marchar hacia la icónica Plaza de Mayo, donde se encuentra la Casa Rosada (sede del Ejecutivo), fueron reprimidos por el personal policial, que golpeó a varios de ellos y utilizó gas pimienta, que también afectó a algunos informadores que cubrían la marcha.

Los colectivos de pensionistas estuvieron acompañados, además, por manifestantes de distintas organizaciones sociales y políticas que se sumaron a su reclamo contra la decisión del presidente de vetar la ley, aprobada la semana pasada por amplia mayoría en el Senado, informa DW.

Esta establece una fórmula de actualización mensual de las jubilaciones que combina el índice de inflación y la variación promedio de los salarios formales, más un ajuste extraordinario del 8,1 %.

[Argentina | Protesta de pensionados en Buenos Aires: Una jubilada con una gorra con consigna, bate un recipiente de lata junto a la Policía.] [Argentina | Protesta de pensionados en Buenos Aires: Una jubilada con una gorra con consigna, bate un recipiente de lata junto a la Policía.]
Colectivos de pensionistas se manifestaron acompañados por distintas organizaciones sociales y políticas.Imagen: Juan Mabromata/AFP/Getty Images

La represión policial se debió a que los manifestantes cortaron parcialmente la Avenida Rivadavia y rechazaron acatar la orden de regresar a la acera, tras lo cual los efectivos intentaron sacarlos por la fuerza.

Esto desató enfrentamientos, en los que la Policía utilizó gas pimienta y golpeó a algunos jubilados con porras (garrotes), en aplicación del protocolo antidisturbios dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Poco después, sin embargo, la marcha prevista a Plaza de Mayo comenzó con normalidad y concentró a unas 2.500 personas, rodeadas de un fuerte operativo policial.

El presidente tiene hasta diez días hábiles para llevar adelante el veto contra la reforma jubilatoria aprobada el 22 de agosto y que, según el Gobierno, implicaría un gasto del 1,2 % del PBI.