26 Sep, 2024 | Desde el 7 de marzo 2015, fecha en la cual el entonces presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Hussein Obama, firmó una orden ejecutiva en la que declaró una "emergencia nacional" por la amenaza "inusual y extraordinaria" a la seguridad nacional y a la política exterior causada por la situación en Venezuela; los EEUU y sus aliados en el mundo, comenzaron una escalada de medidas coercitivas unilaterales, materializadas en sanciones económicas, políticas, diplomáticas y especialmente petroleras, que se han convertido en un fuerte obstáculo para el buen desenvolvimiento de la economía nacional y han impactado negativamente en la calidad de vida de los venezolanos.
De antemano, atajo a quienes siempre comentan que esto es verdad, pero que la implementación de políticas públicas equivocadas y la corrupción también han contribuido a la difícil situación por la que atravesamos, y les digo que estoy de acuerdo con esa predica, aun cuando me parece nos es más que un “recurso” de quienes quieren disparar “un tiro para el gobierno y otro para la oposición”, para quedar bien con todo el mundo, porque sin duda el tema de las sanciones es el principalísimo responsable de la situación.
Lo cierto es que cerca de un mil (1000) sanciones contra el país, especialmente contra nuestra industria petrolera, han afectado considerablemente la economía venezolana, causando hambre, miseria y necesidades a niveles ni siquiera sospechados con anterioridad, y que sin duda opusieron un “frenazo” al ritmo de crecimiento sostenido en los índices económicos y en el nivel de vida de los venezolanos, consolidados en el estado de bienestar que se venía registrando desde mediados del primer decenio del siglo XXI, en el gobierno del presidente Hugo Chávez.
No es el propósito de estas líneas examinar con detenimiento el comportamiento de los actores políticos, especialmente de la oposición, desde 2015 hasta nuestros días, pero si apuntar uno que otro dato para ubicarnos en el tiempo de ocurrencia de los acontecimientos.
Fue en 2015, inmediatamente después del decreto Obama, cuando comenzaron los problemas con las inmensas colas de personas para adquirir alimentos, medicinas e insumos para el aseo doméstico y personal por el desabastecimiento inducido, aparecieron los “bachaqueros”, entre muchos otros síntomas de “crisis económica”, justamente a mediados de un año que culminaría con la elección de la Asamblea Nacional, consulta electoral en la cual por vez primera la oposición, que se presentó unida en un solo bloque, obtuvo una importante victoria.
Ocasión que en lugar de ser aprovechada por el liderazgo de ese sector para construir una importante fuerza social con expresión orgánica a lo largo y ancho del país y en todos los sectores de la vida nacional, sirvió fue para estimular la política del “cortoplacismo”, del “vete ya”, del “calle, calle y más calle” y de la salida por la vía del atajo, que nuevamente los colocó en la ruta del abstencionismo electoral, conducta política que había fracasado en las parlamentarias de 2005.
El ejercicio de la dirección política opositora desde esa fecha hasta nuestros días, ha estado marcado por el desencuentro y la lucha de egos, donde la humildad y el desprendimiento son cualidades ausentes en un liderazgo incapaz de asumir colectivamente la tarea de confrontar programáticamente con un gobierno con plan político y músculo social, que entre otras cosas sigue venciendo, gracias a la incompetencia de una dirección opositora más preocupada por el tranquilidad personal y económica de sus principales dirigentes, que del bienestar colectivo de los ciudadanos y mucho menos de la defensa de la soberanía nacional.
Una dirección política que ha preferido y auspiciado desde 2015 que “desde afuera” les hagan el trabajo que ellos no han sabido realizar exitosamente, procurando siempre que se produzca una explosión social que facilite una intervención extranjera y/o un pronunciamiento militar.
Un equipo dirigente profundamente antinacionalista, anti venezolano y antipopular, que echó mano de la política de sanciones contra su propio país, para intentar “cobrar” electoralmente sobre el hambre, la miseria y la exacerbación de los principales problemas sociales de los venezolanos, como por ejemplo el salario y las pensiones de la población.
Un equipo dirigente profundamente comprometido con la corrupción, como se evidencia en el manejo turbio de los dineros de las instituciones públicas que han manejado a su antojo, como Monómeros y Citgo, a cuyos dineros y activos han tenido acceso, gracias a la “facilitación” y complicidad de las naciones, grupos económicos e individualidades, que le quieren “poner la mano” a los extraordinarios recursos naturales que posee nuestro país, con quienes se han asociado para expoliar nuestros recursos.
Una dirección política opositora que nuevamente desperdició la oportunidad de materializar un triunfo electoral por la actuación sectaria y excluyente de los principales conductores de este último proceso, que no solo confrontaron con el gobierno y su candidato a la reelección, sino también contra dirigentes con quienes se suponía compartían el mismo plan político electoral, contra el resto de la oposición y peor aún, contra gobernadores y alcaldes con probado liderazgo regional y local.
Una dirección política que nuevamente acude al expediente de la solicitud de sanciones económicas contra Venezuela, y hace lobby en los EEUU y Europa, para que se impongan más y peores mediadas coercitivas contra su propio país.
Una oposición que trabaja arduamente para que fracasen las políticas públicas destinadas a mejorar la economía de la república y elevar la calidad de vida de los ciudadanos para alcanzar la mayor suma de felicidad posible.
Una oposición, que ni siquiera en el caso del episodio reciente del proceso de exilio en España, del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, se pone de acuerdo, y cuyos principales dirigentes expresan “verdades” diferentes sobre lo que realmente sucedió en ese caso.
Definitivamente, Venezuela reclama una mejor oposición.