3 Oct, 2024 | Inmediatamente después de las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, luego del anuncio y proclamación de Nicolás Maduro, como presidente electo de la república por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el ocaso (fracaso) de las acciones de violencia callejera auspiciadas por los “comanditos del terror” principalmente en la ciudad de Caracas, en horas de la tarde del 30 de julio, el ex líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, publicó un mensaje en la red social “X” señalando que “hay que lograr que lluevan sanciones” sobre Venezuela, para forzar la caída del gobierno nacional.
Según se conoció un rato después, ese mismo día, López, en compañía de Carlos Vecchio, Juan Guaidó, David Smolansky, Jhon Goicochea, Freddy Guevara, Carlos Paparoni y Miguel Pizarro, se habrían reunido en la ciudad de Washington, con el asesor de seguridad de los EEUU, Daniel Erickson, a quién le habrían pedido más sanciones económicas y hasta una “invasión humanitaria” a nuestro país.
Los acontecimientos han evolucionado de tal forma, que parece hubiera pasado mucho más tiempo que los apenas dos meses y unos pocos días transcurridos desde la elección presidencial hasta la fecha.
Como escribí hace algunas semanas, “no es fácil comentar el tema de la situación política de nuestro país en estos tiempos de polarización extrema, en los que las susceptibilidades se encuentran a flor de piel, especialmente en el campo opositor agrupado alrededor de la Plataforma Unitaria (PU), liderado de manera indiscutible por María Corina Machado”.
Lo cierto del asunto es que ha sucedido de todo luego que el presidente de la república interpusiera un recurso contencioso ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y el máximo tribunal de la república, luego de un proceso de peritaje de los recaudos consignados por el poder electoral, certificó los resultados ofrecidos por el CNE desde un primer momento.
Por cierto, antes de emitir su pronunciamiento, las autoridades de todos los partidos políticos que participaron en el proceso del 28 de julio acudieron al TSJ, donde fueron citados a comparecer, al igual que los ex candidatos presidenciales, excepción hecha de Edmundo González Urrutia (EGU), aun cuando las organizaciones que respaldaron su candidatura acudieron al llamado del máximo tribunal.
Siguieron pasando los días y la polémica sobre el resultado electoral continuaba en los medios de comunicación, especialmente en las RRSS y de repente, se conoció la noticia que descolocó a la oposición venezolana, el ex candidato González Urrutia viajó a España, en condición de asilado político.
Cualquier cantidad de conjeturas se difundieron sobre el particular, para los más radicales, EGU fue coaccionado y casi que obligado a abandonar el país por el “régimen”, por la “dictadura” venezolana. Llegaron a decir que el embajador de España fue “cómplice” de la coacción realizada por los “hermanos Rodríguez”, que fue tratado como un “preso” en la residencia del representante diplomático español, en fin, cualquier cantidad de patrañas que luego fueron desmentidas por la vida real.
Resultó ser, como lo declaró el propio EGU, que un día de las elecciones presidenciales, el 29 de julio, se “refugió” en la residencia diplomática de los Países Bajos, como luego lo ratificó en un comunicado, el señor canciller de ese país europeo, Caspar Veldkamp.
Lo cierto del asunto, es que la presencia de EGU en España, aun cuando supone aplican un conjunto de limitaciones en su actuación pública por su condición de asilado, ha impactado en la política de ese país, donde los principales opositores de Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, lo han utilizado para cuestionar su política internacional, en relación con Venezuela.
La verdad no quiero seguir alargando este comentario reseñando la crónica de lo sucedido hasta ahora, mucho menos contribuir con quienes pretenden que el caso venezolano sea resuelto por “actores internacionales”, sino más bien aterrizar en un aspecto de nuestra política interna, a propósito de la convocatoria que hiciera el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, a los representantes de los partidos políticos y de los movimientos sociales que participaron en la pasada elección presidencial, para debatir este jueves 3 de octubre sobre la revisión de todas las leyes electorales vigentes en el país.
Convocatoria a la que respondió el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, María Corina Machado y la Plataforma Unitaria Democrática, con un comunicado de 10 puntos que rechaza la iniciativa, y parecen plantarse en una sola posición política y es que solamente dialogarán para convenir “el proceso de transición política”.
Así las cosas, nos preguntamos si la “vida continúa” como todo indica sucederá, y se juramenta el 10 de enero ante la Asamblea Nacional, el presidente Nicolás Maduro, y si el CNE, de acuerdo con lo establecido en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, convoca elecciones regionales y municipales y de Asamblea Nacional para el 2025 ¿no participarán quienes suscriben ese comunicado y las organizaciones que representan en ninguno de esos procesos electorales? ¿será que “juramentarán” un gobierno en el exilio? ¿o como sugieren en su comunicado van a transitar una ruta distinta a la pacifica, electoral y constitucional? ¿Están todas las organizaciones de la Plataforma Unitaria en la misma “onda” ?