10 Jun, 2025 | José Gregorio Valerio, quien hasta el 25 de mayo de 2025 ostentaba el cargo de síndico procurador del municipio Península de Macanao, en el estado Nueva Esparta, fue destituido de su cargo mediante un procedimiento que él califica como “nogatorio y violatorio” de la normativa legal vigente. Valerio, el único síndico invidente en Venezuela, denuncia que el proceso careció de fundamento jurídico y que se le negó el acceso a la Cámara Municipal acompañado de sus asesores legales, vulnerando su derecho a la defensa.

Valerio asumió la sindicatura el 7 de julio de 2023 y, según sus declaraciones, desempeñó sus funciones de manera “honesta, íntegra y perfecta” durante casi dos años, representando al municipio tanto en el ámbito judicial como extrajudicial. Sin embargo, el 29 de mayo de 2025 recibió un oficio del Concejo Municipal que notificaba su destitución, una decisión que, asegura, fue tomada de manera unánime pero sin cumplir con el procedimiento administrativo previo establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, específicamente en los artículos 19 (ordinal 4), 47 y 48, así como en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El síndico señaló que el oficio alude a un supuesto “desconocimiento del poder legislativo” y a un “incumplimiento” no especificado, términos que, según Valerio, carecen de sustento legal, ya que no se realizó una investigación previa ni se le permitió presentar descargos, violando su derecho constitucional a la defensa (artículo 49, ordinales 1 y 2). “No existe en la norma un supuesto desconocimiento legislativo, y el incumplimiento no está especificado. Es un desaguisado administrativo”, afirmó.

Además, Valerio denunció que el día en que fue convocado por el Consejo Municipal para notificarle la decisión, se le impidió el ingreso acompañado de sus asesores legales, a quienes describió como “sus ojos”, dado que padece una discapacidad visual. Esta acción, según el síndico, contraviene la Ley para las Personas con Discapacidad, que garantiza su derecho a contar con apoyo en situaciones que requieran asistencia visual. “No me permitieron entrar con mis asesores, lo que es una clara violación de mis derechos”, expresó.

Ante esta situación, Valerio ha interpuesto un recurso de nulidad contra el acto administrativo ante el Tribunal Contencioso Administrativo, acompañado de una solicitud de amparo cautelar, amparado en el artículo 27 de la Constitución. Su objetivo es anular la destitución y establecer un precedente para que los procedimientos administrativos se cumplan rigurosamente. “Estoy aquí para que se haga justicia, para que el artículo 26 de la Constitución se cumpla y para que esto no vuelva a pasar”, manifestó, subrayando que el municipio no debe quedar indefenso mientras se resuelve el caso.

Por el momento, no se ha designado un nuevo síndico en Península de Macanao, y Valerio espera que el tribunal admita su recurso y suspenda los efectos del acto administrativo para continuar ejerciendo sus funciones.