El anuncio lo realizó el canciller de la República, Jorge Arreaza, mediante un comunicado. / Foto: CORTESÍA
22 Jun, 2018 | Caracas.- El Gobierno nacional rechazó este viernes el informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) que sugiere una intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) ante los graves y sistemáticos abusos cometidos y la impunidad generalizada.
La Cancillería venezolana publicó un comunicado en el que descalificó el informe pues, asegura, es el "resultado de una metodología altamente cuestionable que sepulta la credibilidad y rigor técnico exigido a una Oficina de esa naturaleza y vulnera los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad", reseñó El Universal.
"El referido documento constituye un acto arbitrario que vulnera las propias normas de funcionamiento de la Oficina y usurpa las atribuciones que corresponden a otros órganos de la ONU", señala el escrito que cuestiona además la falta de aval del Consejo de Derechos Humanos o la Asamblea General para la elaboración del informe.
Venezuela considera que el documento "constituye una evidencia más del absoluto menosprecio por la institucionalidad" que ha "caracterizado al señor Zeid Ra'ad Al Hussein" al frente del despacho de DDHH de la ONU.
"En su marcada obsesión contra Venezuela, el Alto Comisionado omite deliberadamente actuaciones y conclusiones de procedimientos especiales del propio Consejo de Derechos Humanos, que desmontan las calumnias del reciente y politizado informe", prosigue la nota oficial.
Para la llamada revolución bolivariana que lidera Nicolás Maduro, Al Hussein se hace cómplice de "la agresión multiforme que está en marcha contra Venezuela", al no decir nada sobre las sanciones económicas que otros gobiernos han impuesto a Caracas en los últimos meses.
Esto, según el Gobierno, ha tenido un "negativo impacto en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales" de los venezolanos.
El Ejecutivo de Maduro también argumenta que el experto independiente del Consejo de Derechos Humanos, Alfred De Zayas, y el relator sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales sobre el disfrute de los derechos humanos, aportaron unas conclusiones ignoradas por la ONU.