21 Sep, 2026 | Podríamos diseñar el plan económico teóricamente más perfecto en el papel, pero si no existen garantías institucionales que lo respalden, se habrá perdido el esfuerzo pues estará destinado al fracaso. El verdadero obstáculo para el desarrollo sostenible de Venezuela y de regiones con enorme potencial como la isla de Margarita es el clima de incertidumbre e inestabilidad.

El capital privado, sea de un emprendedor local que invierte los ahorros de su vida o de un fondo internacional, es por naturaleza cauteloso. Para radicarse, generar empleo y asumir riesgos a largo plazo, el inversor necesita previsibilidad: reglas de juego claras, respeto a la propiedad privada, seguridad jurídica, opacidad cero en las cifras públicas y un Estado de derecho funcional.

Lamentablemente, el modelo vigente se ha caracterizado por la debilidad institucional y por políticas laborales y regulatorias que dificultan la creación y el sostenimiento del empleo formal de calidad. En lugar de ofrecer incentivos y protección al inversionista, se aprecia un escenario donde la discrecionalidad administrativa genera desconfianza.

Sin inversión real en infraestructura, tecnología, capacitación y servicios públicos fundamentales, como agua, electricidad, conectividad, resulta imposible hablar de exportaciones no tradicionales o de un turismo de clase mundial que dinamice la economía insular.

Reconstruir la institucionalidad no es una discusión abstracta para abogados o políticos; es una necesidad económica urgente. La confianza es el insumo principal de cualquier mercado. Sin ella, ningún país ni ninguna región pueden aspirar a construir una prosperidad duradera.