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Leyes sin sustentación moral "No se cumplen porque la falla comienza por la base: un funcionario corrupto o negligente, que se da por desentendido, a menos que pueda hallar en su oficio
alguna ventaja económica ilegítima". Juan José Bocaranda E
30 Ene, 2014 | La ley de Precios Justos, la ley de Arrendamientos urbanos, le ley ésta y aquella y las de más allá… Sí. Muchas leyes. Pero, ¿se cumplen? O, mejor, "son cumplidas, realizadas, hechas efectivas? ¿Resuelven los problemas?".
Justamente, el problema de la ineficacia de las leyes es consecuencia del hecho de que no se enfatiza en forma suficiente la responsabilidad del funcionario en su deber de cumplir y hacer cumplir las leyes. Al parecer no quiere darse cuenta de que cumple la ley únicamente en la forma y en la medida en que haga que los ciudadanos les den cumplimiento. Bien es cierto que los sistemas jurídicos modernos establecen una cuádruple responsabilidad del funcionario: penal, civil, administrativa y disciplinaria. Pero -lo hemos señalado en muchas oportunidades- la responsabilidad meramente jurídica no basta porque se requiere, como base, el énfasis plenamente consciente de la responsabilidad moral. Y así lo demuestra la realidad social: abundan leyes que pretenden ser completas y técnicamente perfectas, no obstante lo cual se cumplen a medias o, sencillamente, no se cumplen, y no se cumplen porque la falla comienza por la base: un funcionario corrupto o negligente, que se da por desentendido, a menos que pueda hallar en su oficio alguna ventaja económica ilegítima. En dos palabras, no hace honor al juramento mucho más allá del compromiso jurídico: el compromiso que tiene, como ser humano y como ciudadano y patriota, con su condición de sujeto de responsabilidad moral. Hace mucho tiempo llegó el momento de tomar consciencia de que el libre albedrío no puede ser aplicable en el ámbito de la Moral Pública; de que el funcionario no está en libertad de optar, moralmente, entre hacer cumplir la ley o dejar de hacerlo. Ha llegado el momento de profundizar, para que el Estado sea efectivo, al conjugar la eficacia de la ley con la eficiencia del funcionario. Eficiencia ésta que depende del grado de entrega del funcionario al idea de contribuir a la formación y consolidación de un país mejor, base de felicidad para todos, como lo aspiraba el Libertador Simón Bolívar. Es necesario imponer coactivamente al funcionario el deber moral de cumplir la ley, sin excusas ni contemplaciones. Para ello está el Principio Ético Constitucional, cuya presencia gigantesca y deslumbrante como un sol, muy pocos quieren mirar justamente porque otorga beligerancia plena a los valores morales en el sistema legal. Es decir, los valores morales penetran plenamente en el sistema legal, haciéndose jurídicamente obligatorios, a través del Principio Ético, que debe regir sobre todas las actuaciones del Estado, sobre la totalidad del ordenamiento jurídico y sobre el comportamiento de los funcionarios. Por consiguiente, constituye un drástico factor de disciplina administrativa. La Constitución Bolivariana tiene más de una década de vigencia. Sin embargo, jamás, jamás, se toma en cuenta la presencia del Principio Ético, y quienes pretenden ignorarlo, incurren en traición moral a la Patria, cometiendo un grave delito moral porque desechan el mar de beneficios que para los individuos, para la sociedad y para el país podría generar su reconocimiento y realización. Y esa omisión la perpetran tirios y troyanos, los del gobierno y los de la oposición, porque les falta el compromiso moral y real con la verdad.
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