El encuentro se realiza en ka Universidad para la Seguridad / Foto: AVN

27 Ago, 2014 | La fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, destacó este miércoles, en un encuentro de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) sobre políticas de seguridad y Derechos Humanos, que el Estado venezolano es garantista de los derechos fundamentales y le interesa su preeminencia.

En el evento, realizado en Caracas, Ortega no descartó la posibilidad de que alguna individualidad incurra en violación de Derechos Humanos, enfatizando que tal caso se investigará para "determinar qué ocurrió y aplicar las sanciones a los responsables. Es parte del compromiso que hemos asumido como Estado".

Asimismo, resaltó que han exhortado a distintas organizaciones de Derechos Humanos a que presenten ante el Ministerio Público (MP) las denuncias que plantean en medios de comunicación.

Ortega hizo un recuento de los normas vigentes en Venezuela, dirigidas a proteger los derechos fundamentales, como la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles y la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones

Sobre esta última, comentó que reviste gran importancia, pues "el desarme nos conduce a la paz. Eso es lo que queremos desde Venezuela (...) Hemos sido voceros por la paz, la conciliación y el diálogo".

Del mismo modo, resaltó que la política de seguridad del Estado está recogida en la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, y exhortó a todos los ciudadanos a comprometerse con el impulso de este programa gubernamental dirigido a garantizar la seguridad ciudadana.

Ortega recordó la desaparecida Ley de Vagos y Maleantes de gobiernos anteriores, que permitía la encarcelación de venezolanos, sin juicio, derecho a la defensa o el debido proceso, solo por ser disidentes políticos, bajo la consigna: dispare primero y averigue después.

En ese sentido, resaltó que la Comisión por la Justicia y la Paz instalada el año pasado investiga esas desapariciones ocurridas entre 1958 y 1998.

Además, expresó que las víctimas de violaciones de Derechos Humanos en el país deben alcanzar indemnización, de acuerdo con la Constitución.

También recordó cómo el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, asumió la responsabilidad del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los crímenes ocurridos en febrero de 1989 durante el Caracazo, la explosión social contra políticas neoliberales que fue violentamente reprimida por la administración del entonces mandatario, Carlos Andrés Pérez.

Sobre ese caso, el MP tambien inició la exhumación de cadáveres depositados en una fosa común, para identificarlos y entregarlos a sus familiares. "Honramos lo que impuso la Corte Interamericana y fuimos más allá, porque tenemos un compromiso con la defensa y preeminencia de los Derechos Humanos", subrayó la Fiscal.