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11 de abril de 2026





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Interponen denuncia penal para detener proyecto «La Caracola Pádel Center & Resort»
La acción ante Ministerio Público, Nueva Esparta, se origina en daños irreversibles a manglares y fauna silvestre, causados por remoción de capa vegetal y tala indiscriminada de manglares en el área de la Laguna Blanca
Redacciòn

7 Abr, 2026 | Un grupo de ciudadanas y ciudadanos venezolanos, actuando en defensa de los intereses colectivos de los habitantes de la isla de Margarita, interpuso este lunes una denuncia formal de carácter penal ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público del Estado Bolivariano Nueva Esparta. La acción legal responde a la presunta comisión de delitos ambientales vinculados a la ejecución del proyecto denominado “La Caracola Pádel Center & Resort”.

Según los hechos expuestos en la denuncia, se ha evidenciado el inicio de actividades de remoción de capa vegetal y tala indiscriminada de manglares, en el área de la Laguna Blanca (Laguna del Morro).

Los denunciantes advierten que esta intervención representa un ecocidio irreparable, en un ecosistema que goza de estatus legal como Zona Protectora y Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE).

La zona afectada es el tercer humedal con mayor presencia de flamencos (Phoenicopterus ruber) en la isla, sirviendo de refugio vital para una población de más de 4.500 individuos.
La denuncia se ampara en diversos artículos de la Constitución Nacional y leyes ambientales, destacando que: Las costas marinas son bienes de dominio público. Se vulnera el derecho a un ambiente sano y la preservación de la biodiversidad.

Se solicita investigar delitos como la ejecución de actividades no permitidas (Art. 94 de la Ley Penal del Ambiente) y la construcción de obras degradantes.

Los firmantes, entre quienes se encuentran Berenice Benítez, Jorge Armas, María del Rosario Pacheco, Juan García y María Luisa Rodríguez, han solicitado medidas precautelativas inmediatas, incluyendo la paralización total e inmediata de las actividades de la obra y una averiguación penal contra los funcionarios que otorgaron la permisología y las autoridades que promovieron el proyecto, ya que los criterios que aplicaron “atentan contra la sustentabilidad de la isla ante los riesgos del cambio climático”.

Fuente: Diario Vea














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