30 Sep, 2026 | La economía venezolana transita por una etapa compleja de reajuste caracterizada por profundas contradicciones macroeconómicas. Tras un ciclo de contracción sin precedentes que redujo entre un 70% y un 75% la capacidad productiva nacional hasta el año 2020, y habiendo dejado atrás la etapa hiperinflacionaria más aguda, el país continúa batallando contra desequilibrios de fondo. En el panorama de este año 2026, con estimaciones inflacionarias que amenazan con situarse nuevamente en un rango de tres dígitos (entre 450% y 500%), la estabilidad monetaria y el poder de compra de los ciudadanos continúan siendo la gran asignatura pendiente.

El dilema monetario y la asfixia del crédito

Uno de los nudos gordianos de la dinámica actual reside en la inclinación de la política económica nacional. Por un lado, se recurre a la emisión monetaria por parte del Banco Central para financiar déficits fiscales recurrentes del sector público; por el otro, se intenta frenar el impacto de esa liquidez sobre el tipo de cambio aplicando una disciplina monetaria extrema: un encaje legal del 73%.

Esta combinación genera una paradoja evidente: la liquidez inyectada presiona los precios, mientras que el crédito bancario —músculo financiero natural de las empresas— permanece prácticamente paralizado. La reciente actualización en las tasas de interés para desestimular el incumplimiento del encaje y procurar el ahorro en moneda nacional tropieza de frente con la erosión que la inflación provoca sobre el bolívar. En paralelo, aunque se valoran esfuerzos aislados como la simplificación de trámites en el SENIAT, la elevada presión tributaria y la discrecionalidad fiscal siguen actuando como un factor disuasivo para la formalización y la inversión.

Infraestructura, conectividad y el factor humano en Nueva Esparta

En la economía real, las metas de crecimiento tropiezan con barreras físicas y sociales muy concretas. Años de desinversión han acumulado un deterioro crítico en la infraestructura de servicios básicos, donde la crisis eléctrica y las deficiencias en el suministro de agua afectan severamente los costos operativos del sector comercial y turístico insular. A ello se le suma una red de conectividad marítima y aérea que, si bien muestra tímidos avances de reactivación, aún resulta insuficiente para dinamizar con fluidez el flujo de bienes y visitantes hacia el estado Nueva Esparta.

Pero quizás el freno más complejo de resolver en el corto plazo sea la erosión del capital humano. La diáspora ha mermado la mano de obra calificada, y el recurso humano que permanece en el país enfrenta condiciones de alta vulnerabilidad salarial, limitando su capacidad de consumo y su acceso a servicios esenciales de salud y educación. Sin un talento humano en condiciones de bienestar y productividad, la recuperación del tejido empresarial se vuelve cuesta arriba.

Estimaciones de crecimiento y la necesidad de realismo

En medio de este panorama, la reactivación progresiva de la producción petrolera —que busca consolidarse en torno a los 1,2 millones de barriles diarios— ha reactivado expectativas positivas. Sin embargo, proyecciones oficiales o independientes que sugieren crecimientos del Producto Interno Bruto (PIB) nacional del 13%, y para Nueva Esparta entre un 18% y un 20%, deben ser evaluadas con riguroso pragmatismo económico.

Para que una economía crezca a tasas sostenidas de dos dígitos no basta con la expectativa o el rebote estadístico sobre cifras históricamente bajas. Se requiere un marco legal e institucional predecible, la resolución del estado de default financiero para acceder a organismos multilaterales, la apertura del crédito productivo, la transformación integral en la prestación de servicios públicos y el desmontaje definitivo del control de cambio con sus distorsiones asociadas.

Más que un crecimiento acelerado y homogéneo, lo que hoy observamos es una economía de desempeños desiguales. Reconocer las limitaciones no es caer en el pesimismo, sino sentar las bases de una planificación realista que le permita a nuestros emprendedores, comerciantes y prestadores de servicios tomar decisiones financieras sensatas para proteger sus negocios.

En última instancia, debemos recordar que el objetivo final de la política económica no es la mera acumulación de cifras macroeconómicas, sino el desarrollo integral: entendido este como el acceso efectivo y equitativo de toda la sociedad a los frutos del crecimiento. Una meta que, al observar la realidad cotidiana de nuestros ciudadanos, aún se percibe muy distante en el horizonte.