20 Oct, 2026 | En el debate público reciente se ha venido instalando un discurso cargado de optimismo. Diversos actores políticos y económicos, junto a voceros gubernamentales, difunden proyecciones y expectativas de crecimiento cuantitativo para la economía venezolana. Sin embargo, cuando se confrontan esas cifras con la vivencia cotidiana de la gente en las calles, en los hogares y en los comercios de nuestra región insular y del país, la narrativa oficial pierde sustento. ¿Es posible hablar verdaderamente de reactivación económica cuando la base sobre la que se pretende construir continúa profundamente deteriorada?

En entregas anteriores hemos insistido en la necesidad de analizar la realidad con objetividad científica y responsabilidad ciudadana. Hoy, las evidencias imponen volver a encender las alarmas: Venezuela no está recorriendo la senda de un desarrollo sostenible; por el contrario, permanece atrapada en un círculo vicioso marcado por la inflación, la pérdida sistemática del poder adquisitivo y el colapso estructural de sus capacidades productivas.

La erosión del ingreso y el freno del consumo. El primer gran obstáculo que desmiente cualquier espejismo de bonanza es la persistente devaluación y la dinámica inflacionaria. Día a día, las familias venezolanas ven cómo los ingresos —ya de por sí menguados y rezagados— pierden su capacidad de compra. Cuando la moneda local se deprecia de manera continua, el salario real se evapora antes de que termine la semana.

La consecuencia directa de este empobrecimiento generalizado es la contracción drástica del consumo. Un país no puede crecer económicamente si su población no tiene con qué consumir. Las familias han tenido que limitar sus presupuestos a la estricta supervivencia alimentaria, sacrificando salud, educación, recreación y vestimenta. Y sin demanda interna, el comercio y la industria local se quedan sin mercado a quién venderle.

El estrangulamiento de los servicios básicos: El cuello de botella eléctrico. A esta fragilidad del ingreso familiar se le suma una crisis estructural que no se resuelve con discursos: la precariedad de los servicios públicos. La escasez de agua potable, el deterioro de la infraestructura vial y la deficiencia en el sistema de salud gravan aún más el presupuesto de los ciudadanos, quienes deben asumir de su propio bolsillo soluciones privadas para necesidades elementales.

No obstante, el caso del sistema eléctrico nacional merece una mención prioritaria. La electricidad no es solo un servicio domiciliario; es el insumo transversal primario de cualquier aparato productivo. Las constantes interrupciones, fluctuaciones y racionamientos constituyen el freno de mano más severo para la industria nacional, la banca, el comercio y el sector turístico. Ninguna empresa puede planificar turnos de producción, mantener cadenas de frío o garantizar la calidad de sus productos bajo la incertidumbre de un colapso eléctrico permanente. Hablar de industrialización o reactivación comercial sin energía eléctrica confiable es, sencillamente, una contradicción.

La ilusión cambiaria y los límites de la intervención. En el frente macroeconómico, la actuación del Banco Central de Venezuela (BCV) para contener la brecha cambiaria ha mostrado ser un paño caliente. Si bien las autoridades han realizado intervenciones constantes en el mercado cambiario afirmando que los montos colocados superan a los del año anterior, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo no cede e incluso ha vuelto a ampliarse de forma preocupante en los últimos días.

El problema de fondo radica en la insostenibilidad del esquema: el BCV soporta casi el 90 % del peso de la oferta de divisas en el mercado. Sin un flujo genuino de divisas proveniente de exportaciones diversificadas o de inversiones extranjeras directas, la autoridad monetaria liquida divisas a un ritmo insuficiente para satisfacer la demanda real de la economía.

Esta restricción en la asignación y liquidación oportuna de divisas impacta directamente a los sectores productivos. Las empresas encuentran graves barreras para importar bienes intermedios, repuestos, maquinarias e insumos indispensables para la producción nacional. Al no tener certeza sobre los tiempos de reposición ni sobre el costo real de las divisas, los comerciantes e industriales se ven obligados a recortar sus pedidos, reajustar precios de manera recurrente para no descapitalizarse y, fundamentalmente, congelar toda decisión de inversión futura.

El encaje legal: Un crédito asfixiado. Por si fuera poco, la política monetaria insiste en utilizar la restricción del crédito bancario como la principal ancla antiinflacionaria, manteniendo niveles de encaje legal extraordinariamente elevados. Al privar al sistema financiero de la capacidad de otorgar créditos, se asfixia el impulsor natural del sector privado. Sin crédito no hay financiamiento para capital de trabajo, no hay posibilidad de modernizar inventarios ni de financiar proyectos de expansión. Lo más grave es que se destruye la posibilidad de generar encadenamientos productivos, mediante los cuales las grandes empresas tractoras impulsan a las pequeñas y medianas empresas proveedoras, con lo cual se anula la generación de empleo formal y productivo.

Un rumbo que exige corrección. El balance de las decisiones económicas ejecutadas hasta el momento deja un saldo que no se puede ocultar tras cifras maquilladas. La estrategia de contener la inflación asfixiando el crédito, interviniendo un mercado cambiario sin divisas suficientes y descuidando la infraestructura básica no está dando los resultados esperados para la reactivación del país. Por el contrario, este enfoque está profundizando la parálisis productiva, contrayendo el consumo y acelerando el empobrecimiento de la sociedad venezolana.

Venezuela no necesita medidas coyunturales ni proyecciones alegóricas de crecimiento en el papel. El país requiere con urgencia un plan de desarrollo integral y transparente, fundado en la certidumbre técnica, el estímulo a la producción nacional, la restitución del crédito y la reconstrucción masiva de su infraestructura de servicios. Continuar conduciendo la economía bajo la improvisación no solo pospone las soluciones, sino que incrementa diariamente el costo social que pagan las familias venezolanas.