6 Nov, 2026 | Caracas. El Senado de Paraguay rechazó este viernes la solicitud del presidente renunciante Santiago Peña de obtener una prórroga de 72 horas para montar su defensa y comparecer ante el Plenario durante el juicio político que se le sigue. El mandatario presentó su dimisión la víspera tras destaparse un esquema de corrupción y la estafa de 3 millones de ciudadanos ahorristas del Ueno Bank, institución bancaria con la que tenía negocios y que ha sido declarada en quiebra.

El escándalo generó protestas que desencadenaron en represión policial y derivó en la detención de directivos del Banco. Hasta el momento, alrededor de 4.000 trabajadores y miles de jubilados resultaron afectados. Las cuentas y operaciones del Ueno Bank permanecen congeladas por el Banco Central de Paraguay (BCP), a cargo de su intervención, informa Telesur.

El jueves, la Cámara de Diputados votó a favor de iniciar un juicio político a Peña y comunicaron su decisión al Senado, responsable de este trámite. Diputados también aprobó a los fiscales acusadores del caso. Ambas Cámaras se reunieron en la tarde para deliberar si aceptar la renuncia de Peña o iniciar su enjuiciamiento político, pero legisladores aliados al presidente defraudador se marcharon de la sesión de manera deliberada y la dejaron sin quórum.

Más tarde, el Senado se reunió nuevamente y escuchó a los fiscales acusadores seleccionados por la Cámara de Diputados, quienes presentaron los argumentos para enjuiciar políticamente a Peña por graves errores y pidieron no aceptar su renuncia, que lo convertiría tácitamente en senador vitalicio y lo blindaría ante posibles enjuiciamientos penales.

Durante la sesión, se acordó entregar a Peña la acusación y se le citó para presentar su defensa este viernes a partir de las 10H00, tras lo cual este solicitó la prórroga que el Senado no aceptó. En vista de esta decisión, el pleno de senadores instó al mandatario renunciante y su equipo legal a comparecer a las 12H10 hora loca de este viernes para ejercer su defensa y proseguir con el juicio político.

Mientras esto ocurría, miles de ciudadanos se movilizaron hacia el microcentro de Asunción o permanecieron en las inmediaciones del Congreso para exigir a los legisladores que hagan justicia y que Peña rinda cuenta por esta crisis que sumió en la incertidumbre a 3 de los 7 millones de habitantes del país. Además, demandan la devolución de los fondos robados.

Este jueves, la economista Alhelí González Cáceres aseguró que la estafa de los fondos pertenecientes a esa 3 millones de personas con cuentas en el Ueno Bank fue capitaneada por Peña, quien desde el Estado dirigió un proyecto para saquear dinero público y enriquecer a grupos económicos. La experta explicó que este proyecto de saque no surgió con el presidente renunciante, sino con su mentor político, el exmandatario Horacio Cartes (2013-2018), y permitió el redireccionamiento de dinero público a fondos privados por alguien que, como Peña, conoce bien el sistema y los pasos que daba, pues con anterioridad fue ministro de Hacienda, integrante de la directiva del BCP y accionista del Ueno Bank.

El BCP habilitó un pago para devolver el dinero estafado a pequeños ahorristas a través de un fondo de garantía, no está claro qué se hará con los pensionados afectados. El fondo de garantía no cubre fondos públicos, explicó a teleSUR la experta González Cáceres.

Entre esos fondos públicos fugados están los 355 millones de dólares que correspondían al Instituto de Previsión Social (IPS), ente estatal a cargo de administrar el seguro social para los trabajadores asalariados y sus beneficiarios, así como las pensiones y jubilaciones.

La Cámara de Diputados imputa a Santiago Peña responsabilidades vinculadas a conflictos de intereses, el debilitamiento en la protección de los fondos del IPS, la tolerancia regulatoria, la omisión de medidas eficaces de fiscalización y el aprovechamiento patrimonial derivado del relacionamiento entre el poder público e intereses privados.

​Entre las principales acusaciones destaca que Peña mantuvo acciones en el grupo propietario de Ueno hasta el año 2025, dos años después de haber asumido la Jefatura de Estado en 2023. A juicio de los acusadores, dicha participación generó un conflicto de intereses directo, en el que el mandatario debía velar por el interés público mientras ejecutaba decisiones administrativas que beneficiaban a sus negocios privados.