11 Nov, 2026 | Cuando se analiza el devenir económico de Venezuela, suele insistirse en las expectativas de crecimiento basadas en factores coyunturales o en la promesa de un apalancamiento petrolero. Sin embargo, la salud de una nación no se mide únicamente por proyecciones macroeconómicas abstractas, sino por la estabilidad de su moneda y, sobre todo, por las condiciones de vida y de trabajo de su gente.

Para comprender la magnitud de nuestros desafíos actuales, es indispensable examinar el desempeño del Banco Central de Venezuela -BCV- y el impacto profundo que las distorsiones monetarias han tenido sobre el mercado laboral durante el período 2014-2025.

La erosión de la moneda y el dilema institucional. El BCV representa el pilar fundamental de la arquitectura económica, en correspondencia con el mandato constitucional que se le asigna de preservar el poder adquisitivo de la moneda y velar por la estabilidad de precios. Para lograrlo, requiere de un requisito técnico insustituible: la autonomía frente a las necesidades del gasto público coyuntural. Cuando el instituto emisor pierde su independencia y se subordina al financiamiento monetario del déficit fiscal, el resultado ineludible es la desvalorización continua y el desbordamiento inflacionario.

Recientes ajustes en las tasas de interés y en el encaje legal, que sigue siendo elevado, buscan absorber la liquidez para contener la demanda de divisas y la depreciación cambiaria. No obstante, en un entorno de alta inestabilidad, estas medidas terminan generando una profunda paradoja: se emite dinero inorgánico por un lado y se aplican frenos drásticos por el otro, impulsando devaluaciones diarias que pulverizan el poder de compra de las familias y anulan toda capacidad de planificación empresarial.

A este complejo cuadro operativo se suma una opacidad estadística persistente. La ausencia de información oficial oportuna y transparente no solo frena la previsibilidad que exigen los inversionistas y emprendedores, sino que obstaculiza la posibilidad de reestructurar pasivos y acceder a financiamiento internacional.

Del subaprovechamiento laboral al fenómeno del “trabajador pobre”. Las consecuencias de esta inestabilidad macroeconómica se reflejan dramáticamente en el ámbito del empleo. Según datos del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES-UCAB) y organismos internacionales como la OIT, la tasa de actividad económica en Venezuela se situó en un 55 % en 2025, manteniéndose muy por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, que alcanza al 63 %. Esto evidencia un subaprovechamiento estructural de nuestra fuerza de trabajo.

El análisis de la serie histórica (2014-2025) expone tres fases críticas: la incorporación forzada por supervivencia e hiperinflación (2014-2017), la profunda contracción y éxodo masivo de jóvenes formados (2018-2021), y un rebote pospandemia (2022-2025) que resultó asimétrico, inconsistente y rápidamente estancado.

Como corolario de este proceso, se consolidó el doloroso fenómeno del “trabajador pobre”: la tasa de trabajadores en situación de pobreza pasó del 10,4 % en 2016 al 29,5 % proyectado para 2025. En la actualidad, contar con una ocupación laboral no garantiza la cobertura de la canasta básica. A la par, la proporción del ingreso laboral frente al PIB se derrumbó desde un 30,5 % en 2016 a menos del 10 %, mientras persiste un techo estructural de inactividad que afecta especialmente a las mujeres, calculada en una cifra cercana al 40 %, la cual se ve acentuada por las fallas crónicas en los servicios públicos.

Reconstruir las bases para una esperanza duradera. Admitir esta realidad no debe conducir al desaliento, sino que marca la ruta exacta de lo que debemos corregir. La recuperación del país no vendrá de soluciones mágicas, sino por la acción priorizada en aspectos cruciales como los referidos al restablecimiento de la disciplina fiscal, la independencia técnica del BCV, la transparencia estadística y el fomento y respeto a la iniciativa privada.

Hoy, en un momento en que los venezolanos renuevan sus expectativas de cambio institucional y apertura, debemos situar el trabajo digno y la estabilidad en el centro de la transformación nacional.

Desde las regiones, y de manera especial en nuestro estado Nueva Esparta, el reto exige actuar con determinación estimulando la formalización empresarial, atrayendo inversiones a partir de marcos normativos ágiles, exigiendo solución urgente de los servicios básicos y apostando firmemente por la formación técnica y profesional de nuestros jóvenes y mujeres.

La verdadera prosperidad se construye devolviéndole el valor al trabajo, garantizando la estabilidad de la moneda y liberando las fuerzas creadoras de nuestra sociedad. Esa es la ruta estratégica hacia el progreso y la tranquilidad de los hogares venezolanos.