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La encrucijada de la deuda externa: entre la opacidad y la urgencia de reconstrucción Renegociar los pasivos internacionales es indispensable para financiar el desarrollo del país, pero exige transparencia institucional y seguridad jurídica que hoy son materia pendiente. Juan A. Tineo Malavé
Economista – Dr. en Planificación
Instagram: tineomalavé - Email: tineomalavejuan@gmail.com
20 Nov, 2026 | En las últimas semanas, el debate económico nacional ha vuelto a centrarse en un tema tan complejo como determinante para el futuro de Venezuela: el proceso de reestructuración de la deuda pública externa. Tras casi una década en situación de impago (default) y aislamiento de los mercados financieros internacionales, el anuncio oficial de avanzar hacia una renegociación con los acreedores abre una ventana de oportunidad, pero lo hace rodeado de sombras, interrogantes técnicos y una preocupante falta de transparencia. Para comprender la magnitud del desafío, es indispensable mirar las cifras con rigor. De acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES-UCAB), la última cifra oficial publicada por el Estado venezolano data de mediados de 2017, cuando el saldo de la deuda pública externa se ubicaba en torno a los 108.000 millones de dólares, repartidos entre compromisos de la República (43 %), Pdvsa (34 %) y convenios energéticos con China y Rusia (23 %). Sin embargo, nueve años de silencio estadístico e incumplimientos han transformado esa realidad. Según las estimaciones manejadas en el marco de la contratación de la firma estadounidense Centerview Partners —designada en mayo de este año bajo una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como asesora financiera del Ejecutivo—, el pasivo total podría ascender hoy a unos 240.000 millones de dólares. Esta cifra no solo supera en 70.000 millones de dólares a otros cálculos independientes, sino que representa un alarmante incremento del 122,3 % respecto del último dato oficial. El salto se explica por la acumulación de intereses de mora, demandas y laudos arbitrales en tribunales internacionales (como los casos de ConocoPhillips, ExxonMobil y Crystallex), deudas comerciales con proveedores de la industria petrolera y atrasos con organismos multilaterales como la CAF y el BID. Ante este escenario, surgen dos grandes focos de preocupación. El primero es de orden procedimental e institucional: resulta cuestionable que un proceso de esta envergadura arranque sin que el país conozca con exactitud cuánto debe y a quién le debe. A esta opacidad se suma la discrecionalidad en la selección de los intermediarios financieros, lo que despierta suspicacias sobre si el proceso responde a una auténtica estrategia de Estado o al interés de favorecer a determinados grupos en la negociación de los títulos. El segundo foco es estructural y apunta a la credibilidad. Venezuela requiere urgentemente volver a tener acceso al financiamiento internacional. La reconstrucción de nuestra infraestructura básica, de los servicios públicos y de la capacidad productiva demanda volúmenes de capital que el presupuesto nacional, por sí solo, es incapaz de cubrir. Pero ningún acuerdo con los acreedores será sostenible ni atraerá nuevas inversiones si no viene acompañado de un cambio profundo en la conducción económica e institucional. Quienes poseen los bonos de la deuda o evalúan invertir en el país saben que, tras más de 27 años de un modelo político fuertemente cuestionado por sus prácticas antidemocráticas y su historial de expropiaciones e impagos, la desconfianza es la norma. Para revertirla, los acreedores y los mercados exigirán compromisos firmes y verificables: el retorno a la publicación regular y auditada de las estadísticas macroeconómicas del Banco Central y del Ministerio de Finanzas, el sometimiento a supervisiones internacionales independientes y, fundamentalmente, un reordenamiento de las finanzas públicas que permita generar el espacio fiscal necesario para honrar lo que se pacte. Como bien advierte el estudio de la UCAB, incluso en períodos de mayor holgura financiera, el pago de intereses de la deuda llegó a consumir entre el 2 % y el 3,1 % del Producto Interno Bruto (PIB) anual. En una economía que apenas intenta recuperarse tras una prolongada contracción, comprometer recursos futuros sin un plan coherente de crecimiento económico y sin garantías de seguridad jurídica sería condenar al país a un nuevo ciclo de insolvencia. La reestructuración de la deuda externa no puede ser vista como una simple operación financiera a puerta cerrada para ganar tiempo o aliviar presiones coyunturales. Es, en esencia, la piedra angular sobre la cual debe construirse la reinserción de Venezuela en la economía global. Sin transparencia en las cifras, sin reglas claras para la inversión y sin un compromiso genuino con la institucionalidad democrática, cualquier intento de acuerdo corre el riesgo de quedarse en una promesa vacía, postergando una vez más la reconstrucción nacional que los venezolanos merecen y necesitan.
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