7 Jul, 2015 | A la confrontación se le considera como algo negativo. Razones hay, sobre todo cuando escapa y se convierte en antagonismo destructivo. Sin embargo, la democracia se desvanece si se ignora que ella misma se forja en la lucha por el poder entre adversarios. Lo decisivo no es entonces disimular confrontaciones, sino levantar las fronteras del espacio en que ellas se entablan.
Para construir esos límites deben tomarse en cuenta los valores de la democracia, sus instituciones y mecanismos; también hay que considerar la existencia de intereses sociales diversos, puesto que la democracia no reposa sobre un listado de reglas como si se tratara de un juego de mesa entre individuos, sino en la complejidad de una sociedad.
En este marco, el diálogo es un instrumento útil para demarcar las coordenadas en las que conviven y se enfrentan adversarios. En el caso de Venezuela, habría que constatar que ninguno de los bloques en pugna dispone hoy de la fuerza necesaria para instrumentar su “programa máximo” respectivo. Y, además, no se avizora la desaparición de ninguno de ellos, gane quien gane futuras elecciones.
Así que lo más acertado sería proceder a trazar de manera conjunta los puntos y las rayas de un mapa de lo aceptable y lo inaceptable en las políticas públicas y en la geopolítica, a partir de los intereses en conflicto. Para este fin, hay que tener en cuenta que un diálogo que lleve implícito una negociación no es un juicio sobre quién tiene la razón ni un debate jurídico ni la búsqueda de consensos sobre un modelo ideal. Es el reconocimiento de realidades.
Un simple ejercicio ilustrativo nos mostraría, por ejemplo, que aun teniendo cada sector su propia visión de la economía es posible avanzar. Para unos, el capitalismo liberal a plenitud; para otros, la propiedad social de los trabajadores. Sin embargo, todo está condicionado por las circunstancias. Difícilmente la tradición popular pueda admitir un esquema neoliberal. Pero al mismo tiempo, el escaso desarrollo de nuestro aparato productivo obliga a una dinámica de competencia. En este contexto, y durante un prolongado período, los intereses que se expresan en la propiedad privada y la propiedad social pueden hacerse compatibles en el marco de una economía mixta concertada.
Se trataría de construir un compromiso para un período histórico sobre diferentes materias, como el rol del Estado, la integración suramericana, la distribución social del ingreso, las modalidades de participación política. Pero no sería un pacto para esconder los conflictos, y así asfixiar la democracia, sino para delimitar las fronteras en que la lucha y la alternancia tendrían lugar.