8 Jul, 2015 | El Gobierno nacional sistemáticamente desarrolla un formato para romper el ambiente de normalidad institucionalidad, cívico y de equilibrio político. Todo el poder está al servicio de perpetuar su permanencia y control, no obstante a la profunda crisis que vivimos en lugar de desarrollar respuestas a la problemática juegan a la liquidación del adversario, a fragilizar las relaciones normativas usando la fuerza de su hegemonía política, económica y comunicacional sin importar poco o nada las consecuencias y el juicio histórico.

Es realmente inadmisible que un Gobierno, con la obligación de ser el garante de la paz, la equidad y la justicia, actúe jugando a la candelita, fomente violencia abierta y solapada en función del estatus.

Hace varios meses vienen fraguando desde la Asamblea Nacional maniobras para perpetuar el control de los Poderes Públicos, una Asamblea moribunda a la que le restan solo seis meses de ejercicio pretenda designar los representantes de los poderes que corresponden a la nueva Asamblea Nacional que se elegirá el próximo 6 de diciembre.

Denunciamos en rueda de prensa frente al país y al mundo que están orquestando entre gallos y media noche la jubilación prematura y adelantada de 16 magistrados del TSJ cuyo período vence en 2016, para designarlos antes de las elecciones parlamentarias. Este funesto precedente de jubilaciones nerviosas a los magistrados que integran la mitad del máximo tribunal del país es una acción vergonzante que recibirá la condena de Venezuela y el mundo. Han realizado presiones indebidas ante los magistrados víctimas de la jubilación anticipada para que estos guarden silencio frente a semejante y humillante vejación.

Los operadores parlamentarios en su desparpajo, llaman a esta acción "Operación blindaje del TSJ", llevándose por delante a ese grupo de funcionarios sin importar su opinión al respecto. Pretenden anticipar la jubilación de los magistrados: Francisco Carrasquero, Marcos Tulio Dugarte, Arcadio Delgado y Carmen Zuleta de Merchan de la Sala Constitucional; Juan José Núñez, Janeth Madriz y Fernando Vegas de la Sala Electoral; Evelin Marrero y Emiro García Rosas de la Sala Político Administrativa; Carmen Elvigia Porras de la Sala Social; Deyanira Nieves Bastidas y Héctor Manuel Coronado de la Sala Penal; Iris Peña, Isbelia Pérez de Caballero y Luis Ortiz Hernández de la Sala Civil.

Esta operación oscura es dirigida por el ideólogo del Mazo: Diosdado Cabello, y Elvis Amoroso, quienes en su temor por la derrota del 6 de diciembre pretenden montarle una emboscada a la nueva Asamblea Nacional y designar un tribunal rojo rojito. Esta es una forma de burlarse del pueblo y de provocar a la oposición política, buscando enrarecer el ambiente para evitar una decisión de soberanía popular. Este planteamiento es un alerta necesario, "después de ojo sacao no vale Santa Lucía".