El número de denuncias se ha disparado en América Latina, con 155 casos examinados por el Comité de Derechos Humanos de la UIP, que representan un 34 % del total mundial. / Foto: EFE

9 Dic, 2016 | Ginebra. América Latina es la región del mundo donde los parlamentarios sufren más percusión y violaciones de sus derechos, con los casos más numerosos y graves registrados en El Salvador, Nicaragua y Venezuela en 2016, reveló hoy la Unión Interparlamentaria (UIP).

Esta entidad, que conforman los parlamentos de 171 países, denunció en un informe preparado con ocasión del Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre) que este último año se ha observado un marcado aumento de parlamentarios que han sufrido abusos.

El número de denuncias se ha disparado en América Latina, con 155 casos examinados por el Comité de Derechos Humanos de la UIP, que representan un 34 % del total mundial.

Le sigue Asia con 110 casos; África, con 89; Europa, con 63; Oriente Medio y el Norte de África, con 39, y el Pacífico Sur, con uno.

El UIP reportó los casos relativos a 84 parlamentarios de El Salvador y a 21 en Nicaragua, mientras que en Venezuela fueron veinte los parlamentarios cuyos derechos han sido violados.

Tanto a nivel mundial como latinoamericano, los juicios y otras acciones tomadas contra los parlamentarios sin que se respetasen las garantías mínimas han sido el tipo más habitual de violación y representaron uno de cada cuatro casos.

Otra medida a la que se ha recurrido con frecuencia para intimidar a los legisladores ha sido la suspensión y revocación abusiva de su mandato, lo que representa el 21 % de casos en el mundo.

El número de violaciones a la libertad de expresión se ha mantenido relativamente estable.

El único dato positivo es que en todas las regiones las detenciones y los arrestos arbitrarios de parlamentarios han disminuido, pasando del 19 % de casos en 2015 al 11 % este año.

El secretario general de la UIP, Martin Chungong, consideró que todos esos datos deben preocupar, en particular la tendencia más reciente de recurrir a acciones judiciales para conseguir la exclusión ilícita de la vida política de las voces críticas.