Gabriel Briceño, presidente de Adane, alertó que el problema legal con General Motors complica la situación de la industria automotriz. / Foto: CORTESÍA

24 Abr, 2017 | El presidente de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Nueva Esparta (Adane), Gabriel Briceño, solicitó al Ejecutivo nacional que "intervenga y revise de inmediato esta medida tribunalicia, porque es evidente que va en contra del acuerdo que se firmó hace poco más de quince días con el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, en aras impulsar la industria automotriz nacional".

Enfatizó que esa decisión contraría las intenciones del Gobierno nacional por oxigenar esa industria y además representa un duro golpe al sector y al país.

Recalcó que el cese de operaciones de General Motors en el país genera una gran cantidad de desempleo en ese sector, así como a sus 2.678 trabajadores de las 79 concesionarias que operan en el territorio nacional y que representa la red de servicio más grande de Venezuela.

Indicó que de igual manera afecta a los más de 3.900 trabajadores indirectos, con los cuales suman un total de 6.578, además de 12.000 proveedores en todo el país.
En el caso de Nueva Esparta, estimó que tras los continuos ajustes de personal obligados por la grave recesión de esa industria, pone en la picota la estabilidad laboral de no menos de una treintena de trabajadores en la concesionaria que opera en Porlamar.

Subrayó que esperan que la situación no afecte la prestación de servicios en las concesionarias ni la distribución de repuestos y autopartes, para que puedan garantizar los mismos a los consumidores que serían los más afectados.

Briceño confirmó que en busca de soluciones y alternativas a ese conflicto, el coordinador del Motor Industrial y presidente del Banco Bicentenario, Miguel Pérez Abad, y el ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, se reunieron con los trabajadores de la planta matriz de la empresa ubicada en Los Guayos, estado Carabobo, para replantear el rumbo de las actividades en estas instalaciones y poder garantizar el trabajo de los empleados.

Apalancamiento financiero

El presidente de la Adane dijo tener información que, en primera instancia, las estrategias a adoptar se orientaban a propiciar el reinicio de las actividades en las instalaciones de la planta afectada por el dictamen tribunalicio, mediante un apalancamiento financiero que permita restablecer el aprovisionamiento de los insumos necesarios para el ensamblaje de vehículos.

Igualmente estarán adelantando acciones para interponer las fórmulas necesarias que conlleven a lograr soluciones al problema planteado por la querella legal en contra de la empresa ensambladora.

Haciendo una retrospectiva del caso, el presidente de la Adane detalló que el pasado 19 de abril los representantes y directivos de la firma transnacional fueron impuestos de la medida de confiscación de las instalaciones, así como de bienes inmuebles pertenecientes a la empresa.

Luego de conocer el dictamen emitido por el Tribunal Tercero en lo Civil, Mercantil y Tránsito, que afecta directamente a la planta ubicada en el estado Carabobo, la casa matriz con sede en Detroit, Estados Unidos, emitió un comunicado en el que destacan que “la empresa rechaza firmemente las medidas arbitrarias adoptadas por las autoridades y tomará enérgicamente todas las acciones legales dentro y fuera de Venezuela para defender sus derechos”.

Igualmente, Briceño se refirió al acuerdo firmado el pasado 27 de marzo, en el marco de la Expo Venezuela Potencia 2017, entre el Gobierno nacional y el sector empresarial automotriz, destinado a fortalecer la producción nacional de vehículos automotores particulares, de carga y motos.