Protestas en Honduras tras el proceso electoral presidencial. / Foto: ARCHIVO SOL DE MARGARITA

9 Feb, 2018 | Caracas. Treinta y tres de las muertes ocurridas en Honduras, en el marco de las protestas que denunciaban un fraude en los resultados de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre de 2017, son atribuibles a la fuerza pública, así lo reseña un informe presentado por Coalición contra la Impunidad.

El texto, avalado por 58 organizaciones de derechos humanos y civiles de esta nación centroamericana, señala como "autores materiales" de los crímenes a "la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), la Policía Militar del Orden Público (PMOP), las Fuerzas Armadas de Honduras, la Secretaria de Seguridad, a través de la Policía Nacional, y la Dirección Policial de Investigación".

El informe señala que a partir del 30 de noviembre, "los disparos a bala viva se convirtieron en regla general en todas las represiones efectuadas".

El documento también indica que las fuerzas públicas recurrieron al lanzamiento de gases lacrimógenos dentro de las casas de habitación como práctica repetida, al igual que detalla que estos organismos recurrieron a "allanamientos ilegales en casas y negocios de personas vinculadas a la movilización ciudadana con el propósito de intimidar o realizar detenciones ilegales".

Asimismo denunciaron que estos efectivos emplearon "instrumentos policiales y militares no autorizados (especie de toletes más grandes, cadenas con ganchos, armas de electrochoques)".

Los organismos de derechos humanos concluyeron que la reeleción de Juan Orlando Hernández fue una "imposición" que se logró gracias a "la fuerza policial y militar", recoge este viernes Russia Today.

Asimismo apuntan que el actual Gobierno de Honduras mantiene un "control absoluto de la institucionalidad", debido al apoyo del "grupo político, empresarial y militar que respalda al actual gobernante".