Rueda de prensa de la Red de defensores de los Derechos Humanos. / Foto: JOSELIN CHACON

9 Feb, 2019 | La Red de Defensores de Derechos Humanos en el estado Nueva Esparta presentó parte de lo que será informe que presentarán en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre los atropellos a la autonomía universitaria y libertad académica en las Américas en el 171 Período de Sesiones a realizarse en Sucre, Bolivia del 7 al 16 de febrero de 2019.

Tatiana Aguilera, miembro de esta organización, comentó que este lo hicieron en alianza con la ONG Aula Abierta y será la primera vez en la historia que se expondrá la criminalización de la protesta universitaria. Aguilera reconoció que los universitarios son los primeros que han salido al frente en las protestas que se vienen realizando en los últimos años.

A la CIDH llevarán ocho casos de los años 2016, 2017 y 2018 en los cuales tuvieron contacto de primera mano con las victimas y además se les ha hecho un seguimiento a cada uno de estos.

Recordó que en 2016 hubo un caso emblemático en el que una tanqueta rompió el portón de la Universidad de Oriente en la cual hubo heridos y detenidos, pero fue en 2017 cuando los cuerpos de seguridad comenzaron a cercar a los recintos universitarios esto sucedió en la Udone en la cual más de 200 personas pernoctaron dentro del recinto universitario y se repitió en otras almamaters.

Asimismo, recordó casos en los cuales más de 40 jóvenes fueron llevados a los Tribunales Militares y siete muchachos fueron llevados a la cárcel de La Pica en Monagas.

Aguilera dijo que también se han dado ataques a la libertad académica en los cuales los jóvenes no pueden continuar sus estudios por diversos motivos.

Entre las conclusiones que presentaron está que el Gobierno nacional utiliza a los cuerpos de seguridad, la mayoría de las veces a la Guardia Nacional Bolivariana, para reprimir las manifestaciones pacíficas. Además, el Ministerio Público es utilizado para imputar a los manifestantes.

La Red de Defensores de Derechos Humanos en el estado Nueva Esparta pidió que se respete el derecho a la manifestación pacífica, a la no criminalización de la protesta, a garantizar investigaciones imparciales y a sancionar a los funcionarios participantes en violaciones al recinto universitario.