19 Feb, 2021 | Cada vez que el gobierno de Colombia está en problemas, acude al “expediente” Venezuela para tratar de desviar la atención. Examinemos un poco en el pasado más reciente para verificar esta afirmación.

El 21 de diciembre del 2020 el presidente de Colombia, Iván Duque, declaró que su gobierno excluiría de la vacunación contra la Covid-19 a los migrantes venezolanos “irregulares” en ese país. En esa oportunidad admitió que los colombianos tendrían prioridad sobre todas las demás personas. Esas palabras provocaron numerosas reacciones en contra.

"Quienes no tengan en este momento la acreditación de ser ciudadanos colombianos posean la doble nacionalidad, o que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no serán inmunizados”, afirmó el jefe de estado neogranadino.

De acuerdo con los cálculos de observadores nacionales e internacionales eso supondría dejar por fuera del proceso de vacunación anti coronavirus, cerca del 55% de los 1,7 millones de venezolanos que según las cifras de las autoridades migratorias se encuentran actualmente en Colombia.

Para justificar su decisión, Iván Duque, se escudó en el posible efecto llamada que podría causar la vacunación indiscriminada. “Por supuesto que no se vacunará a estas personas. O si no imagínese lo que estaríamos viviendo: tendríamos un llamado a la estampida a que todo el mundo cruce la frontera para pedir que lo vacunen”.

Semejantes declaraciones que de fondo revelan la actitud xenofóbica del gobierno colombiano respecto a la migración venezolana, causaron el rechazo del gobierno del presidente Nicolás Maduro y de los principales organismos internacionales, excepción hecha de la OEA.

La Federación Internacional de la Cruz Roja y hasta el inefable José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, censuraron el anuncio del presidente del vecino país.

Quizá la más contundente de las condenas la expresó el ex ministro de Salud del gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos, Alejandro Gaviria: “No vacunar a los venezolanos es una mala idea desde un punto de vista epidemiológico. Pero es sobre todo una propuesta antiética: excluye a los más vulnerables y discrimina de forma casi amenazante en contra de un grupo de personas por su nacionalidad y estatus migratorio”.

Estas declaraciones de Duque se produjeron unos días después que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenara el aumento de la violencia ejercida por parte de grupos armados no estatales, grupos criminales y otros elementos armados en Colombia, en contra de campesinos, indígenas y afrocolombianos, e instara a las autoridades de país a tomar acciones concretas para proteger a la población de manera eficaz.

Se refería Bachelet, a la alarmante cifra de víctimas de las masacres en Colombia y solicitó con urgencia, que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, desarrolle una política pública para desmantelar las organizaciones criminales que hayan sido denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, tal y como se solicitó específicamente en el Acuerdo de Paz del 2016.

Las declaraciones de Duque rechazando la vacunación anti-Covid contra los migrantes venezolanos, no fueron más que un riesgo calculado, inspirado en el más brutal estilo supremacista, nacionalista y xenofóbico del presidente Trump. De cualquier forma, el “anti-venezolanismo” en Colombia, desafortunadamente tiene un buen número de simpatizantes.

No se equivoquen, la “nueva política” del presidente Iván Duque, al anunciar un “proyecto” de Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), no obedece a un súbito ablandamiento del corazón frente a la situación de nuestros compatriotas. Se trata de una operación financiera que le garantizará para esta y otras situaciones por venir, los recursos necesarios procedentes de otros países, de los organismos multilaterales y hasta de la banca internacional.

En Colombia, con el gobierno del presidente Iván Duque, la casa gana y se ríe.